La gran cantidad de accidentes viales ocurridos en los últimos meses, sumado a las conclusiones que arrojaron los controles de alcoholemia que se han realizado en las rutas bonaerenses durante estas vacaciones de verano, en donde los resultados positivos de las pruebas de alcohol a los automovilistas fue un 50 por ciento superior a los del verano de 2006, conforman una combinación explosiva a la que muchos intentan ponerle algún freno.

Entre los interesados, obviamente, están las aseguradoras. Es por eso que la Asociación Argentina de Cooperativas y Mutualidades de Seguros (AACMS), presentó a la Superintendencia de Seguros de la Nación una propuesta que apuntan a que el seguro no cubra los siniestros con índices superiores de alcoholemia a los que permite la ley o que el seguro deje de recaer sobre el vehículo para hacerlo sobre el registro del conductor.

“En Santa Fe tenemos una situación especial, ya que en la autopista a Buenos Aires, por ejemplo, no se realizan controles de alcoholemia y si se hacen no se difunden los resultados por temor a enfrentar a los gremialistas poderosos que defienden a los camioneros” afirma Claudio Ballerini, presidente de la AACMS, a Rosario3.com, y agrega que extraoficialmente se sabe que 7 de cada 10 transportistas conduce con exceso de alcohol en sangre.

Las aseguradoras, por encima de la ley

La Ley de Tránsito prohíbe expresamente conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 500 miligramos por litro de sangre (0,5 grs. x litro) –excepto trasporte de pasajeros o carga donde hay tolerancia cero–, pero esa limitación no es la que contemplan actualmente los seguros, ya que las condiciones generales de las pólizas de seguros automotor no cubren al asegurado recién cuando el resultado de la alcoholemia es igual o superior a 1 gramo por litro de sangre.

Cuando entró en vigencia la Ley de Tránsito, las compañías de seguros solicitaron a la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) –y ésta lo aprobó– que se contemple hasta un 20 por ciento más de lo que dice la ley en materia de alcoholemia y de algún modo permiten que se viole la ley.

Ballerini reconoce que ese fue un error de parte de las compañías que por temor a perder asegurados, los autorizaron tácitamente no sólo a conducir con más alcohol que el establecido por la ley, sino también a manejar un 40 por ciento más rápido que lo que marca la norma.

Pero, como cada compañía de seguros tiene la facultad de presentarle su propio modelo de póliza a la SSN para su aprobación, hoy en el mercado circulan seguros que cubren a un conductor que posee el doble de alcohol en sangre que lo permitido legalmente como máximo, y esto se volvió en contra no sólo del propio conductor y de quienes se crucen con él, sino también de las compañías aseguradoras que deben cubrir cifras siderales en concepto de vidas humanas y daños materiales.

Si bien el proyecto presentado por la AACMS tiene varios años de antigüedad, cobró nuevo impulso después de la última temporada de verano que dejó un saldo catastrófico de accidentes de tránsito, en especial en las rutas que conducen a la costa atlántica.

En caso de que la Superintendencia apruebe el proyecto y se establezca en cero el límite de alcohol en sangre, la responsabilidad frente a los daños ocasionados por un conductor con alcoholemia positiva, recaerían exclusivamente sobre él mismo y no sobre el vehículo asegurado.

“Esto permitirá, además de disminuir los accidentes de tránsito y bajar los costos de las compañías, llevar el historial que contenga los antecedentes de cada conductor –explica Ballerini– para que cada automovilista pague en función del riesgo que representa”.

Las empresas argumentan que si esto entrara en vigencia y se implementara un registro de conductores para todo el país, se podría además, bonificar o incrementar tanto patentes como seguros según los antecedentes del conductor a nivel nacional.

¿Y si el conductor es insolvente?

Quedan varios interrogantes pendientes, que ninguna compañía quiere enfrentar por ahora. Uno de ellos consiste en saber cómo se resolverá en caso de que el conductor alcoholizado mate a una persona y se declare insolvente, sin posibilidad de reparar económicamente el daño a los deudos. Ballerini prefiere describir como lo hacen hoy los países europeos o estados Unidos: “Allí –dice– existe el fondo de garantía que se financia con los aportes de todas las aseguradoras, que sirve para responder ante el damnificado o sus familiares y lo mismo podría crearse en la Argentina”.

En el Congreso de la Nación, varios proyectos aguardan la aprobación de diputados y senadores, aunque el escollo fundamental, hasta ahora, está centrado en quién sería el potencial administrador del fondo de garantía por crearse. Los legisladores insisten en asignarle ese rol al Estado Nacional, mientras que las empresas aseguradoras pretenden que los dineros sean manejados por ellas mismas.