"Puedo ir a prisión, pero no me van a callar", planteó la candidata por la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien enfrenta este viernes la primera jornada del juicio en su contra, en el juzgado correccional 11, a cargo del juez Luis Schlegel.

El proceso judicial es consecuencia de una denuncia por supuestas injurias y calumnias promovida por el empresario pesquero Héctor Antonio, hijo del financista histórico del peronismo Jorge Antonio. Por las acusaciones, Antonio reclama una indemnización de 300 mil pesos.

Ese juicio, derivado de informes del ARI en los que se vinculó a la empresa Pescafina, propiedad de Antonio, con el crimen del empresario del sector Raúl Espinosa, es el primero de los tres que podría afrontar Carrió, junto con otros promovidos en su contra por el ministro de Planificación, Julio de Vido, y el pesquero español Fernando Alvarez Castellanos, por causas conectadas entre sí.

Las supuestas calumnias e injurias habrían sido dichas en 2004 cuando Carrió denunció la muerte del empresario pesquero Raúl Espinosa. En aquel momento, la candidata a presidenta de ARI hizo por primera vez público el nombre de Claudio Uberti, el ex funcionario y operador de la relación con Hugo Chávez desplazado del gobierno de Néstor Kirchner por el escándalo de la valija.

La dirigente describió entonces a Uberti como uno de los "recaudadores" de fondos para las campañas electorales del kirchnerismo.

El juicio se desarrollará a puertas cerradas ya que sólo podrán ingresar las partes y sus asistentes. Dentro de la sala, Carrió deberá responder a las preguntas de los jueces y de los abogados de Antonio encabezados por Jorge Sandro, ex letrado de Alfredo Yabrán. Entre los testigos de la acusación figuran los periodistas Mariano Grondona, Luis Majul y Andrés Klipphan.

De acuerdo a lo revelado a los medios de comunicación nacionales, Carrió recordó que en enero de 2003 fue a Puerto Madryn para una entrevista con empresarios pesqueros de capitales argentinos, de la empresa San Isidro, "y estaba su presidente, (Raúl) Espinosa, quien empezó a hablar del financiamiento ilegal de las campañas".

Según Carrió, Espinosa, le ofreció detalles "de las coimas en los permisos de pesca, de cómo había que coimear a todos los funcionarios, en denuncias que involucraban a la empresa Conarpesa, vinculada a la campaña presidencial de Kirchner”.

“Me dijo que en diez días me daría las pruebas, pero a los diez días lo mataron a balazos. Callé un año esperando que actuara la Justicia, me vino a ver la viuda. Investigamos en Diputados y, a partir de ahí, señalé cuál podía ser el móvil económico de un crimen por encargo, que involucraba una pista acerca de empresas muy comprometidas, que buscaban apoderarse de permisos de pesca, el nudo del negocio", apuntó.

Si el juez falla en contra de la ex diputada, Carrió quedaría a pasos de las rejas porque un nuevo fallo en su contra en los otros dos juicios -dentro de un lapso de dos años, o mientras dure la eventual pena en suspenso del actual- la convertiría en reincidente, con la consiguiente imposición de prisión efectiva.

"Con unas cremas, unos libros y la comunión diaria en la cárcel de Ezeiza no tengo problemas en ir presa" sonrió la candidata por la Coalición Cívica. "El problema sería si estuviera afuera prisionera de la mentira, de la impunidad y de la connivencia con el Gobierno", dijo sin rodeos.