"No es necesaria la pena de muerte, sólo alcanzaría con que se cumplan las condenas”. Alicia, autora de esta frase, es la madre de Maxi, el joven de 20 años asesinado en 2002, mientras vendía tarjetas magnéticas. Ella descree de la Justicia rosarina que condenó al culpable de la muerte de su hijo a 12 años de prisión y un año y medio más tarde lo liberó por falta de pruebas. Este jueves a la noche estaba en la marcha que se realizó en Rosario, en la plaza San Martín, para adherir a la movida que el papá de Axel Blumberg planteó en Buenos Aires para pedir más seguridad y justicia.

No eran muchos pero si era mucha la bronca. Llevaban velas y los carteles con las fotos de sus seres queridos muertos a manos de delincuentes. No era estridente el reclamo, sino más bien silencioso, plagado de dolor.

Las historias se repiten con algunos matices, pero el mismo telón de fondo: la impunidad y la convicción de que denunciando los delitos en Tribunales no se logra hacer justicia. Los padres que integran la Red Internacional de Víctimas de la Impunidad (Rivi) relatan con precisión cada paso que siguieron las causas judiciales iniciadas tras la muerte violenta de algún familiar. Hijos, maridos, hermanos, sobrinos que perdieron la vida en forma temprana a causa de algún episodio violento. Los mataron porque querían robarles la bicicleta, la moto, la billetera o el par de zapatillas que llevaban puesto; a otros ni siquiera les robaron algo, los mataron “porque sí”. En muchos casos los culpables fueron hallados, sin embargo, por distintos motivos como falta de mérito, falta de pruebas o recursos inconstitucionales presentados a tiempo, quedaron en libertad sin haber cumplido siquiera la cuarta parte de la condena.

Los familiares confiesan que tenían intención de viajar a Buenos Aires para participar de la marcha convocada por Blumberg, pero como no fue posible, se unieron a la protesta desde la distancia. No sienten deseos de venganza pero reconocen que de haber sabido el destino que tendrían las investigaciones que encabezaron en Tribunales, habrían elegido otro camino. “Yo no quiero vengarme pero si alguien me hubiera dicho que esto terminaba así, con el culpable libre caminando por la calle, el mismo día en que mataron a mi hijo, yo misma habría actuado por mano propia”, asegura Alicia, la madre de Maxi.

Al relato de Alicia se suma la historia de cada una de las veinte familias que integra Rivi, una agrupación que se reúne periódicamente para brindarse mutuo apoyo y apuntalarse en el esclarecimiento de sus causas judiciales. Entre sus miembros se encuentran apellidos tristemente conocidos cuyos portadores desfilaron por los medios de comunicación desesperados por hacer oír su voz y su ruego: Palma, Spárvoli, Turnaturi, Achával, entre tantos otros. Todos ellos se convirtieron en abogados de su propia causa y denunciaron frente a la sede del gobierno provincial, que no quieren seguir viviendo con inseguridad, que no quieren que exista complicidad entre políticos, jueces y delincuentes, y que sí quieren, en cambio, justicia para que sus seres queridos puedan descansar en paz.

“No tengo muy en claro cuáles son los fines de Blumberg –dice Beatriz, madre de Carla Palma– pero hay que seguir peleando para que podamos vivir en una sociedad más segura”. “Yo no entiendo qué quiere demostrar Adolfo Pérez Esquivel con su oposición a Blumberg –cuestiona Alicia, madre de Maxi–. Él dice que defiende los derechos humanos, ¿entonces por qué no piensa en los derechos de las víctimas de la impunidad? Las víctimas están, existen y no tuvieron derechos en el momento de su muerte. No importa quién convoca la marcha, lo que interesa es restablecer la Justicia y seguir resistiendo”.

Entre los organizadores de la convocatoria rosarina se enumeran: Marta Ferreira, madre de Daniela Spárvoli (la maestra asesinada el 13 de mayo de 2003 en un camino rural de las cercanías de la localidad de Bustinza), Beatriz Cutro, madre de Carla Palma (la joven que murió el 23 de junio de 2003 cuando dos chicos intentaron robaron la moto, Palma se estrelló contra un árbol y perdió la vida) y Alicia D’Angelo, madre de Maximiliano Infante (que fue baleado el 10 de enero de 2002 en Sarratea al 600, mientras trabajaba junto a su padre en el reparto de tarjetas magnéticas de transporte y lo asaltaron), entre otros.