Al tiempo que las empresas de medicina prepaga dejaron trascender que analizan volver a aumentar las cuotas en los próximos meses en un 20 por ciento, los primeros incrementos se hicieron sentir en los bolsillos de los clientes. Así lo hizo saber Analía Carrió, titular de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, en diálogo con Radio 2. “Hay algunas prepagas en la localidad que han aplicado un aumento superior al índice inflacionario. En particular, hay una empresa que superó el quince por ciento de aumento”, precisó.

Desde la oficina local se planteó ante la Secretaría de Comercio de la Nación si el ajuste anunciado por los exponentes de la medicina prepaga había sido aprobado y viabilizado por el gobierno. Sin embargo, según planteó Carrió, “no tuvimos respuestas” y agregó: “No tenemos aún la resolución, llamamos a la oficina de Guillermo Moreno y nos dicen que ellos no han subscripto pero tampoco nos envían nada”, se quejó.

“Estamos recibiendo a las personas que le han notificado aumentos en los servicios de medicina en más del 15 por ciento y lo que hacemos es mediar con la empresa para que el ajuste de reduzca al índice inflacionario”, explicó Carrió quien advirtió que los clientes tampoco deben soportar cambios en los planes ofrecidos bajo la excusa de que las prestaciones de sanatorios, clínicas y laboratorios han aumentado sus aranceles y por lo tanto se encarecen los servicios.

“Les pedimos a la gente que pase por esto que venga a la Oficina o que llame al 0800 666888045 para que nosotros podamos mediar ante un aumento que supere el índice inflacionario”, remarcó Carrió.

Las empresas de medicina prepaga dieron a conocer su intención de volver a realizar un ajuste que podría llegar a 20% si el gobierno no accede al reclamo de beneficios fiscales que solicitan, acaparándose en el alza de costos provocado por los aumentos de sueldos para el personal. De concretarse los aumentos en las cuotas alcanzarán a unas 350.000 familias, según trascendió en los medios nacionales.

Las prepagas deberán informar las subas con 30 días de anticipación, en lugar del plazo de 60 días que regía desde 2004. Además, las prepagas piden al gobierno exención del impuesto al cheque y usar los créditos de IVA que genera el sistema para compensar obligaciones con la seguridad social de sus empleados.