Los suizos aprobaban dos nuevas leyes que restringen derechos de inmigración y de asilo en un referendo celebrado hoy, según los primeros sondeos difundidos por la televisión local.
En dos cantones de habla germana los votos a favor de la ley obtuvieron una amplia mayoría: 70 por ciento en Nidwalden y 78 por ciento en Glaris.
Por su parte, en Ginebra, la nueva norma tuvo un 52 por ciento de aprobación, informó la agencia alemana DPA.
Las nuevas leyes, que ya fueron aprobadas por el Ejecutivo y el Parlamento, son consideradas entre las más duras en Europa en materia de asilo e inmigración y fueron condenadas por Naciones Unidas y organizaciones defensoras de los derechos humanos.
El relator de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, Jean Ziegler, calificó de "racistas y xenófobas", las propuestas.
La nueva ley de asilo establece que cualquier extranjero que no pueda mostrar un pasaporte o documentos de identidad será expulsado del país en un plazo de 48 horas.
Además, propone que el período máximo de detención para los que esperan la deportación se eleve a 24 meses.
A su vez, la nueva ley de extranjería propone restringir el derecho de residencia en Suiza y las posibilidades de acceso al mercado laboral para los extranjeros provenientes de países no miembros de la Unión Europea.
La nueva reglamentación fue criticada por los partidos de izquierda y por grupos religiosos cristiano que, juntaron las firmas necesarias para que sea sometida a una consulta popular
antes de su sanción.
Una de las primeras reacciones frente a este resultado fue la del presidente del Partido Demócrata Cristiano, Christophe Darbellay, quien afirmó que ahora el Gobierno deberá aplicar una política coherente de integración de los inmigrantes para evitar "los guetos a la francesa".
Sobre el asilo, dijo que el resultado del referéndum "no debe entenderse como un cheque en blanco para cerrar las puertas" a quienes son víctimas de persecución, pero consideró que será útil para luchar contra los abusos.
Ambas leyes contaban con el respaldo del Gobierno Federal, que las justificó por la necesidad de contar con medidas más rígidas para impedir excesos en materia de asilo, evitar de esa manera tensiones sociales y, al mismo tiempo, brindar protección a las personas realmente en peligro.
El principal promotor de esas normas, el ministro de Justicia y líder del partido de derecha radical Unión Democrática de Centro (UDC), Christoph Blocher, argumentó durante el debate que "hay muchos extranjeros en el país" y que esas normativas servirán para desalentar a potenciales nuevos inmigrantes.
Los opositores a dichas leyes -un amplio espectro de organizaciones sociales, religiosas, sindicales y partidos de izquierdas- las calificaron de "racistas y xenófobas".
Esta votación ha coincido además con la intensificación del debate sobre la inmigración en Europa.
En dos cantones de habla germana los votos a favor de la ley obtuvieron una amplia mayoría: 70 por ciento en Nidwalden y 78 por ciento en Glaris.
Por su parte, en Ginebra, la nueva norma tuvo un 52 por ciento de aprobación, informó la agencia alemana DPA.
Las nuevas leyes, que ya fueron aprobadas por el Ejecutivo y el Parlamento, son consideradas entre las más duras en Europa en materia de asilo e inmigración y fueron condenadas por Naciones Unidas y organizaciones defensoras de los derechos humanos.
El relator de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, Jean Ziegler, calificó de "racistas y xenófobas", las propuestas.
La nueva ley de asilo establece que cualquier extranjero que no pueda mostrar un pasaporte o documentos de identidad será expulsado del país en un plazo de 48 horas.
Además, propone que el período máximo de detención para los que esperan la deportación se eleve a 24 meses.
A su vez, la nueva ley de extranjería propone restringir el derecho de residencia en Suiza y las posibilidades de acceso al mercado laboral para los extranjeros provenientes de países no miembros de la Unión Europea.
La nueva reglamentación fue criticada por los partidos de izquierda y por grupos religiosos cristiano que, juntaron las firmas necesarias para que sea sometida a una consulta popular
antes de su sanción.
Una de las primeras reacciones frente a este resultado fue la del presidente del Partido Demócrata Cristiano, Christophe Darbellay, quien afirmó que ahora el Gobierno deberá aplicar una política coherente de integración de los inmigrantes para evitar "los guetos a la francesa".
Sobre el asilo, dijo que el resultado del referéndum "no debe entenderse como un cheque en blanco para cerrar las puertas" a quienes son víctimas de persecución, pero consideró que será útil para luchar contra los abusos.
Ambas leyes contaban con el respaldo del Gobierno Federal, que las justificó por la necesidad de contar con medidas más rígidas para impedir excesos en materia de asilo, evitar de esa manera tensiones sociales y, al mismo tiempo, brindar protección a las personas realmente en peligro.
El principal promotor de esas normas, el ministro de Justicia y líder del partido de derecha radical Unión Democrática de Centro (UDC), Christoph Blocher, argumentó durante el debate que "hay muchos extranjeros en el país" y que esas normativas servirán para desalentar a potenciales nuevos inmigrantes.
Los opositores a dichas leyes -un amplio espectro de organizaciones sociales, religiosas, sindicales y partidos de izquierdas- las calificaron de "racistas y xenófobas".
Esta votación ha coincido además con la intensificación del debate sobre la inmigración en Europa.
