La sesión de este jueves en el Concejo terminó en escándalo y se levantó, luego de que ediles de la oposición se retiraran en medio de reclamos para que el municipio explique supuestas irregularidades en numerosas concesiones vigentes en la ciudad. Sostienen que hay al menos 32 bares que funcionan con contratos fuera de norma o poco claros.

Tras una hora y media de debate, la falta de quorum obligó al titular del Palacio Vasallo, el socialista Miguel Zamarini, a suspender la actividad.

Al comenzar las deliberaciones, el concejal de Encuentro por Rosario, Diego Giuliano, solicitó incorporar el tratamiento de un expediente relacionado con la invitación a la directora de Concesiones de la Municipalidad, Hilda Gontín, para aportar transparencia al tema.

Tras una extensa exposición, el texto obtuvo mayoría simple para su tratamiento pero no los dos tercios necesarios para el debate sobre tablas, informaron desde el Concejo. Y esa situación, señala el parte oficial, generó el retiro del recinto de los bloques opositores.

Además, el socialista Manuel Sciutto planteó que el debate con Gontín se diera en la respectiva comisión y no sobre tablas, señaló desde el lugar el periodista de Radio 2 Ariel Borderi.

Las primeras quejas de los ediles que manifestaron su disconformidad se dieron a través de la red social de internet Twitter.

“El oficialismo niega que la responsable de las concesiones explique el agujero negro de incumplimientos y cánones irrisorios. Es notable la falta de transparencia y la poca predisposición al esclarecimiento de estos manejos. La negativa abre las sospechas”, advirtió el justicialista Giuliano.

“Los pedidos de informes y las convocatorias a responsables nunca deberían negarse, tiene que ver con la transparencia”, se quejó la radical María Eugenia Schmuck. Y dijo que “los propios informes del Tribunal de Cuentan municipal muestran las irregularidades con las que se manejan las concesiones”.

Detalló que hay locales que “funcionan con licitaciones vencidas, con deudas de 260.000, 59.000 y 20.000 pesos” en el Derecho de Registro e Inspección (Drei). Argumentó que dicha información consta en los informe Nº 447, 511 y 577 de dicho Tribunal.

Adelantó que acompañará un proyecto para intervenir la Dirección de Concesiones presentado por su par Jorge Boasso, quien calificó de “vergonzosa” la situación y consideró que “el gran problema en todas las licitaciones” obedece a “un criterio que mantiene la administración socialista, que las concesiones no tienen que pasar por el Concejo Municipal”.

"Si el intendente hubiera sido radical o peronista, hoy ya estaría denunciado penalmente, porque las concesiones de Rosario son escandalosas, otorgadas en muchos casos a los amigos del poder y hasta con vencimientos prorrogados por decreto", añadó el radical.

Fernanda Gigliani, del Partido Del Progreso Social que encabeza Héctor Cavallero, también expresó su malestar con las “irregularidades” denunciadas. “Queremos que los funcionarios den las explicaciones correspondientes”, dijo, y aclaró que “las valoraciones hechas por los distintos concejales se basan en dictámenes del Tribunal de Cuentas”.

En medio del acalorado debate, Cavallero además apuntó que "algunos están preocupados porque tienen familiares con concesiones".

Alberto Cortés también apoyó la retirada de este jueves y observó: “La historia negra de las concesiones municipales, con administraciones de este mismo signo político, hacían por demás necesario conversar con la funcionaria responsable. La negativa evidenció la maniobra de mandar el proyecto a comisión para que todo pase al olvido”.

Trajo además a colación su denuncia de 2004 sobre contratos con locales del parque España, presentación que llevó a indagar al por entonces secretario de Hacienda local, Ángel Sciara –hoy ministro de Economía provincial–. “Y estuvo a punto de hacerlo el mismo (ex intendente) Hermes Binner, ya que fueron los que llevaron adelante la concesión y que yo llevé a la Justicia por irregularidades”, recordó.

Esta semana los concejales Norma López y Roberto Sukerman, del Frente para la Victoria-PJ, ya habían sostenido que “la Intendencia ampara y facilita incumplimientos sistemáticos en concesiones de la ciudad, entre ellas las de la Rambla Catalunya”.

Recordaron por entonces que “a fines de 2012 se presentó un pedido de informes acerca del cánon que la Municipalidad cobra a cada uno de los concesionarios porque la totalidad a recaudar bajo este concepto según el Presupuesto 2013, es irrisorio”.

La respuesta del socialismo

“Creemos que ha sido un hecho profundamente antidemocrático haber promovido el retiro del recinto, impidiendo el tratamiento de otros proyectos que tenían el consenso para ser aprobados”, opinó Sciutto en otra conferencias de prensa organizada por los ediles del Frente Progresista Cívico y Social.

Y, a contramano de lo que reclaman sus colegas, “un informe del Tribunal de faltas dio como resultado que la gran mayoría de las concesiones tienen todo perfectamente en regla”, a la vez que aclaró que los opositores “plantean faltas por parte de los concesionarios, no del Ejecutivo municipal”.

A su turno, Zamarini analizó en Radio 2 que “una votación se gana o se pierde, y hay que ajustarse a ello”, a la vez que calificó la falta de quorum de “una estrategia que no nos hace bien”.

Defendió, sin embargo, la idea de que la directora Gontín se presenta a esclarecer las acusaciones: “En algún momento, los funcionarios tienen que venir”, reconoció.