El procurador general de la Corte Suprema de la provincia, Jorge Barraguirre, reconoció que Santa Fe contrató dos estudios privados para llevar adelante el juicio a la Nación por el pago de deudas por detracciones pero negó que se puedan llevar el 30 por ciento de los cerca de 25 mil millones de pesos que llegarían a las arcas locales. “Fue absolutamente limpia”, aseguró.
El funcionario, que era fiscal de Estado cuando se realizó la denuncia ante la Corte nacional (en la gestión de Hermes Binner), defendió la utilización de abogados especializados para el trámite y señaló: “Habitualmente en las litigaciones ante la Corte se hace así por dos o tres razones: por la calidad que pueda recibir, por la capacidad al límite que pueda tener una Fiscalía de Estado como la nuestra, donde había más de cinco mil reclamos de policías, mil de agentes bancarios, seis mil de inundados; y después para un control y asistencia permanente”.
“Por todo eso se contrata a un estudio externo”, resumió en el programa La primera de la tarde (Radio 2) y aclaró que no es “necesario” tomar ese camino pero sí “es una cuestión de conveniencia, si usted quiere tener determinado tipo de calidad de asesoramiento”.
Se pagó un adelanto, de 40 mil pesos mensuales durante dos años”
Barraguirre dijo que no se hizo por licitación (“rara vez se hace”, definió) y que no tuvo observaciones en contra del Tribunal de Cuentas.
Además de defender la transparencia de aquella decisión, el procurador negó que se haya establecido un porcentaje del total a cobrar por Santa Fe para pagarle a los dos estudios privados: el de Gil Lavedra y el de Bouzat. “Eso no está en absoluto previsto en la contratación, debe ser un error de interpretación o vaya saber de donde sale”, afirmó en relación a las versiones difundidas este jueves y la denuncia del diputado Eduardo Toniolli.
El legislador del Frente para la Victoria le dijo a Rosario12: "Este contrato con los bufetes jurídicos se llevó adelante sin licitación previa, a pesar de que los montos lo exigían, y pese a que el Estado provincial cuenta con una Fiscalía de Estado con una centena y media de abogados disponibles para una tarea de esas características. El doctor Ricardo Gil Lavedra y el doctor Bouzat se llevaron en estos años millones de pesos por 'trabajar' en causas que prácticamente no han tenido movimiento, y además en el decreto de contratación se establecía que en caso de prosperar la demanda sus estudios jurídicos se quedarían con el 30% de lo obtenido por el Estado provincial".
Barraguirre lo desmintió, en parte. “Se pagó un adelanto, si mal no recuerdo es de 40 mil pesos mensuales durante dos años. Eso fue lo que se pagó, el resto de las cuestiones debe tener una regulación judicial”, dijo y aclaró que aún ni siquiera se conoce el monto final del dinero que va a percibir Santa Fe. “No está porque ni siquiera está liquidado”, agregó.
Barraguirre describió al fallo como una declaración de “inconstitucionalidad” de fondos que se quedaba la Nación y eran de la provincia pero “no se estableció cuánto es efectivamente lo que se debe, sino que mando a las partes a negociar por 120 días”.
El funcionario dijo que los 18 mil millones de pesos más otros 5 mil millones, por los dos fallos, “son cálculos que los funcionarios hacen, del año 2006 a 2015, por eso no tiene nada que ver con los honorarios” de los estudios de abogados que llevaron adelante el juicio en nombre del gobierno provincial.
El funcionario provincial reiteró que en estos dos años se abonaron casi dos millones de pesos (40 mil por mes por estudio) y que ese monto funciona como adelanto de honorarios.
