Tras más de 24 horas de tensión, los 31 policías detenidos en la Jefatura fueron trasladados este sábado a la nueva alcaidía, pese al enérgico reclamo de los familiares de los agentes por el temor de que éstos tengan contacto con los reclusos comunes.
La resistencia de los familiares comenzó el viernes y se mantuvo interrumpidamente frente al edificio de Ovidio Lagos al 5.200, donde incluso acamparon por la noche, argumentando también que el lugar de destino –ubicado en avenida Francia entre Pasaje Marc y Olegario Víctor Andrade– no tiene la habilitación correspondiente.
Pero con las garantías de que el traspaso es hacia un lugar seguro, los policías presos fueron derivados, aunque se los ubicó en un sector de la alcaidía “que no es el mismo que les habían mostrado en un principio”, según relató a Rosario3.com Ángela López, esposa de uno de los involucrados.
“Los trasladaron pero tras una revisión del lugar, que dicen que es mejor, sin contacto con los otros presos. Pero todo gracias a la presión nuestra y a la presencia de la prensa”, agregó la mujer, aunque dejó en claro que todo transcurrió en medio de un “clima hostil”. “No estamos tranquilos”, aseguró.
Además, en comunicación con este medio, López comentó que los policías trasladados “recibieron incluso amenazas de ser derivados a la cárcel de Coronda” si no aceptaban esta mudanza.
Por todo esto, la familiar sostiene que recién este domingo, cuando puedan realizar visitas (de 9 a 18), van a tener un real panorama de las condiciones habitacionales y de seguridad de la nueva alcaidía. “Tenemos el presentimiento de que esto no terminó acá”, sentenció.
El reclamo
“El personal policial de Gendarmería y de Prefectura Naval no puede, por más que estén presos, tener contacto con detenidos civiles sin tampoco se puede mezclar las visitas. No van a parar los problemas hasta que muera alguien”, había dicho el viernes Ángela López, con tono desesperado, cuando todo transcurría en medio de una asentada de los familiares y las distintas agrupaciones policiales (Aporpol y Adepol, entre otras).
De acuerdo a Alberto Martínez, secretario general del no reconocido gremio policial Apropol, se le hizo entrega al juez Hernán Posma de “un Hábeas Corpus para que analice esta medida y para que se realice una inspección judicial del lugar”.
Por su parte, el abogado Luis Tomasevich, representante de algunos de los 31 detenidos en cuestión expresó el viernes a través de Radio 2, que interpondrán recursos judiciales para que los presos policías o ex policías no recalen en este lugar, sino que sean mantenidos en el penal policial donde se hallan seguros.
Este sábado a la mañana, incluso, los manifestantes llegaron a cortar la calle pero la medida se levantó más tarde "por pedido de las autoridades", dijo Martínez a Rosario3.com. "Esperamos que el Monseñor Mollaghan pueda interceder porque este traslado es una condena a muerte de los agentes", agregó.
Pasadas las 11, el pastor evangélico Eduardo Trasante se acercó al lugar para pedir "una salida pacífica al conflicto". "Pedimos en el nombre de Jesucristo que no se haga el traslado", dijo el religioso, acompañado además del cura del penitenciario Luis Inchurriaga.
La resistencia de los familiares comenzó el viernes y se mantuvo interrumpidamente frente al edificio de Ovidio Lagos al 5.200, donde incluso acamparon por la noche, argumentando también que el lugar de destino –ubicado en avenida Francia entre Pasaje Marc y Olegario Víctor Andrade– no tiene la habilitación correspondiente.
Pero con las garantías de que el traspaso es hacia un lugar seguro, los policías presos fueron derivados, aunque se los ubicó en un sector de la alcaidía “que no es el mismo que les habían mostrado en un principio”, según relató a Rosario3.com Ángela López, esposa de uno de los involucrados.
“Los trasladaron pero tras una revisión del lugar, que dicen que es mejor, sin contacto con los otros presos. Pero todo gracias a la presión nuestra y a la presencia de la prensa”, agregó la mujer, aunque dejó en claro que todo transcurrió en medio de un “clima hostil”. “No estamos tranquilos”, aseguró.
Además, en comunicación con este medio, López comentó que los policías trasladados “recibieron incluso amenazas de ser derivados a la cárcel de Coronda” si no aceptaban esta mudanza.
Por todo esto, la familiar sostiene que recién este domingo, cuando puedan realizar visitas (de 9 a 18), van a tener un real panorama de las condiciones habitacionales y de seguridad de la nueva alcaidía. “Tenemos el presentimiento de que esto no terminó acá”, sentenció.
El reclamo
“El personal policial de Gendarmería y de Prefectura Naval no puede, por más que estén presos, tener contacto con detenidos civiles sin tampoco se puede mezclar las visitas. No van a parar los problemas hasta que muera alguien”, había dicho el viernes Ángela López, con tono desesperado, cuando todo transcurría en medio de una asentada de los familiares y las distintas agrupaciones policiales (Aporpol y Adepol, entre otras).
De acuerdo a Alberto Martínez, secretario general del no reconocido gremio policial Apropol, se le hizo entrega al juez Hernán Posma de “un Hábeas Corpus para que analice esta medida y para que se realice una inspección judicial del lugar”.
Por su parte, el abogado Luis Tomasevich, representante de algunos de los 31 detenidos en cuestión expresó el viernes a través de Radio 2, que interpondrán recursos judiciales para que los presos policías o ex policías no recalen en este lugar, sino que sean mantenidos en el penal policial donde se hallan seguros.
Este sábado a la mañana, incluso, los manifestantes llegaron a cortar la calle pero la medida se levantó más tarde "por pedido de las autoridades", dijo Martínez a Rosario3.com. "Esperamos que el Monseñor Mollaghan pueda interceder porque este traslado es una condena a muerte de los agentes", agregó.
Pasadas las 11, el pastor evangélico Eduardo Trasante se acercó al lugar para pedir "una salida pacífica al conflicto". "Pedimos en el nombre de Jesucristo que no se haga el traslado", dijo el religioso, acompañado además del cura del penitenciario Luis Inchurriaga.
