La semana pasada la Legislatura santafesina sancionó una ley que deja en mano de diputados y senadores la potestad exclusiva de investigar, acusar y remover a todos los fiscales y defensores, sin intervención de la Auditoría General de Gestión. Por eso, desde distintas organizaciones de fiscales y defensores de todo el país manifestaron su preocupación ante lo que entienden como un avasallamiento a la labor de los funcionarios judiciales. Pidieron que el gobernador Miguel Lifschitz vete la normativa votada "de forma sorpresiva e intempestiva".
“Se inmiscuye un poder dentro de otro poder”, se quejó el fiscal Guillermo Apanowicz sobre la ley sancionada el jueves pasado. En contacto con Radiópolis, el programa que conduce Roberto Caferra por Radio 2, Apanowicz sostuvo que la ley viola la Constitución nacional y va en contra de la división de poderes.
“El gobernador se tiene que expedir y tiene la posibilidad de vetar la ley. Entendemos que es lo que debería hacer”, enfatizó.
El veto que reclaman fiscales y defensores es a la ley que cambió el procedimiento de remoción de los integrantes de la Acusación y la Defensa, tanto de titulares como de adjuntos, quienes podrán ser removidos de la misma manera que el Fiscal General y el Defensor General. Los legisladores le dieron luz verde la semana pasada, en la última sesión de prórroga del año.
Los Consejos de Política Criminal de los Ministerios Públicos de la República Argentina y de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina; la Junta de Fiscales del Ministerio Público de la Acusación santafesino y el Colegio de Magistrados manifestaron “su preocupación por el modo sorpresivo e intempestivo de la sanción de la norma”. Advirtieron que coloca a los funcionarios judiciales “en una situación de inestabilidad y precariedad en cuanto a su objetividad técnica-funcional” y alertaron contra la “aniquilación de la independencia de poderes y la igualdad de los ciudadanos ante la ley”.
