“Cuídense ustedes tres, que las cosas están cambiando". Esa fue la amenaza que gritó a los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe la hija de uno de los cinco represores que son juzgados en esa ciudad, por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino La Casita.
El mensaje de la hija del ex policía Eduardo Ramos fue contra los magistrados Beatriz Baravani de Cavallero, presidenta del cuerpo, Omar Di Gerónimo y Ricardo Vázquez. La situación generó un escándalo en la pequeña sala de la capital provincial, que continuó cuando la joven increpó también a parte del público.
Antes de que el lugar fuera desalojado, la mujer de unos 30 años redobló la apuesta y volvió a dirigirse a los jueces. “Ya van a estar del otro lado, como está (el ex juez Víctor) Brusa", señaló en una comparación sin asidero, ya que ese ex magistrado está acusado y condenado por delitos de lesa humanidad y los jueces del TOF llevan adelante un proceso oral y público con las garantías y las reglas de la democracia.
Juane Basso Feresín, hijo de la víctima principal de la causa -el militante montonero Emilio Feresín-, querellante en la causa y referente de Hijos Rosario, aseguró que no es el primer episodio de este tipo. Se trata de un grupo de defensores de los genocidas de Santa Fe que ya habían dejado carteles con el mensaje de “basta” de los juicios e incluso filmaron un acto realizado por familiares y militantes de derechos humanos.
“Ellos no quieren defender su verdad, o la otra verdad como dicen, lo que pretenden es no ser juzgados, que no haya juicios, por eso piden «basta»”, analizó Juane en diálogo con Rosario3.com y sobre la amenaza de este jueves añadió: “Quieren darle miedo a los jueces para que no se juzgue a los represores”.
“Estamos preocupados por la desarticulación de las políticas de memoria y las declaraciones de funcionarios a nivel nacional, pero se ve que ellos -por represores y sus familias- pretenden más: la amnistía de los genocidas”, consideró.
Reclaman sanciones
La audiencia de este jueves en la causa conocida como Feresín o La Casita comenzó con la declaración de un testigo ofrecido justamente por la defensa del ex policía Eduardo “Curro” Ramos.
El hombre, autor del libro “Mentiras tus muertos”, fue interrumpido varias veces por la presidenta del Tribunal ya que su testimonio cuestionaba el número oficial de desaparecidos pero no se ajustaba a los hechos que se estaban juzgando. El único aporte vinculado a la causa fue que Emilio Feresín sí figura dentro de la nómina de desaparecidos que el investigador relevó.
Quien perdió la paciencia fue Ramos. “No hay igualdad de armas”, fue la extraña forma de cuestionar el proceder de los magistrados, quienes intentaban encausar la audiencia para no convertirla en una tribuna negacionista.
El Tribunal ordenó a Ramos dejar la sala. En ese contexto, la hija del ex policía, ya condenado por ser uno de los mayores torturadores de la ciudad de Santa Fe, lanzó su amenaza.
Al cierre de la audiencia, tras otros dos testimonios, la abogada de Basso Feresín, Nadia Schujman, solicitó a los jueces que se revean los videos de lo ocurrido para que se analice si los hechos ameritan algún tipo de sanción a la mujer que realizó la intimidación.
La causa
El Tribunal Oral Federal de Santa Fe lleva adelante desde el jueves 2 de febrero el juicio contra el ex jefe de la Guardia de Infantería Reforzada (GIR) y coordinador del Área de Defensa 212, Juan Calixto Perizzotti; contra el ex comisario de la Seccional 4°, Ricardo Silvio Ferreyra; el ex ayudante del Departamento de Informaciones Policiales (D-2) de la policía provincial, Eduardo Alberto Ramos Campagnolo; la ex escribiente de la GIR, María Eva Aebi; y el entonces secretario del Juzgado Federal de Santa Fe –y luego juez–, Víctor Hermes Brusa, por delitos de lesa humanidad perpetrados en el centro clandestino de detención “La Casita”, que estuvo ubicado en las afueras de la capital provincial.
Entre las víctimas de esta causa se encuentra el responsable zonal, para Santa Fe y Paraná, de la agrupación Montoneros, Emilio Osvaldo Feresin, quien fue secuestrado el 10 de febrero de 1977 y muerto, aproximadamente un mes después, por las torturas padecidas durante su cautiverio en “La Casita”. Además se juzgan las detenciones y tormentos contra otras 12 personas –11 mujeres y un hombre–, secuestradas y luego torturadas en la Comisaría 4ª, la Guardia de Infantería Reforzada (GIR), y también en “La Casita”, informó el sitio Diariodelosjuicios.com.
Las audiencias continuarán este viernes con las declaraciones de imputados y la sentencia está prevista para el 23 de marzo.
