Una jueza de Mendoza hizo lugar el lunes a un recurso de amparo para impedir un aborto a una joven discapacitada, embarazada tras una violación, presentado por una organización autodenominada defensora de la vida, que se opone a la realización de la operación, en este acaso aval ada por la ley, aún en u n hospital público.

 

La medida enfrenta la autorización del juez de Familia Germán Ferrer, que habilitó el viernes pasado la interrupción de la gestación, al amparo del artículo 86 del Código Penal, cuyo inciso 2 indica que "el aborto no es punible si el embarazo proviene de una violación cometida sobre una mujer discapacitada mental”.

 

La madre de la embarazada pidió que el aborto se realizara en el Hospital Militar de Mendoza, donde tiene su obra social, y el caso quedó la semana anterior en manos del Comité de Bioética de ese establecimiento.

 

Ante la posibilidad de un rechazo a la concreción del aborto de parte de ese equipo, el ministro de Salud provincial, Armando Calletti, sugirió que la interrupción del embarazo podría realizarse en un hospital público.

 

En ese sentido, los abogados patrocinantes de la joven solicitaron autorización para realizar la intervención quirúrgica en el hospital público Luis Lagomaggiore, lo que llevó a la organización antiabortista a presentar el recurso de amparo el viernes último.

 

En tanto, más de un centenar de personas en defensa de la vida por nacer permanecieron frente al hospital Lagomaggiore, con pancartas contra el aborto.

 

El abogado Ignacio De Casas, que representa a la Organización Vitam , presentó el recurso de amparo respectivo ante la jueza de la Segunda Cámara de Apelaciones en lo Civil, Gladys Marsalla.

 

Por su parte, la magistrada notificó a las autoridades del Lagomaggiore que hizo lugar al reclamo de Vitam, que pregona la "defensa del derecho de vida", para impedir el aborto.

 

"La resolución llegó al hospital el lunes, en momentos que se le estaban realizando los estudios prequirúrgicos" a la joven, cuyo embarazo ya lleva 12 semanas, indicó su abogado patrocinante, Pablo Barrera.

 

"Vamos a trabajar para impedir que ocurra lo de Buenos Aires", advirtió el letrado, en referencia al caso de la chica de La Plata , también discapacitada mental, embarazada a raíz de una violación, cuya madre solicitó al Hospital San Martín que le practicara un aborto quirúrgico, a 14 semanas de gestación.

 

La jueza de menores bonaerense Inés Siro, que investigaba la denuncia por violación, ordenó suspender el aborto, fallo confirmado por la Cámara de Casación, tras lo cual la Suprema Corte de la provincia autorizó la interrupción del embarazo el 31 de julio último, pero los médicos no lo hicieron porque ya era tarde para abortar.

 

La madre de la embarazada mendocina hizo atender a su hija, el 7 de este mes, en el Hospital Militar por un atraso menstrual y los médicos le informaron que se debía a un embarazo de 10 semanas de gestación.

 

La mujer efectuó entonces una denuncia por violación ante la Fiscalía Número 5 de las comisarías de los departamentos Maipú y Luján de Cuyo.

 

Hace una semana, solicitó a los médicos del Hospital Militar que le practicaran un aborto quirúrgico a su hija, que padece una discapacidad grave, con severos trastornos mentales y convulsiones que requieren de medicación permanente, lo que perjudicaría al feto y si se la suspende, la joven "ingresaría en un estado vegetativo", según los informes de los patrocinantes.

 

La madre de la embarazada recurrió a la vía judicial, porque las autoridades del hospital se negaron a hacer la intervención y derivaron el caso al Comité de Bioética, que ya lleva una semana sin resolver si acepta o no realizar el aborto.