Contra las cuerdas. La Empresa Provincial de la Energía (EPE) es investigada por la Defensoría del Pueblo de Santa Fe debido al presunto cobro de una tarifa mayor al valor que el correspondía durante dos bimestres, desconociendo las resoluciones dictadas por la Secretaría de Energía de la Nación que disponían la suspensión del cuadro tarifario vigente desde diciembre de 2008, durante los bimestres junio-julio y agosto-setiembre.
En diálogo con el programa Diez Puntos (Radio 2), la defensora adjunta de zona norte, Liliana Loyola recordó que en octubre de 2008, la Secretaría de Energía de la Nación dictó la resolución Nº 1169, que establecía los nuevos valores de las tarifas energéticas, fijando además nuevos rangos de consumos para los clientes residenciales.
Pero, en agosto de 2009, la Secretaría de Energía de la Nación dictó la resolución Nº 652 que suspendió la aplicación de la resolución durante el período que abarca desde el 1º de junio hasta el 30 de setiembre del corriente año. Esta suspensión implicaba la no aplicación de los mayores costos a quienes consumieron más de 1.000 kw y sucesivos rangos.
Sin embargo, “mucha gente vio que la suspensión no se dio en sus boleta”, señaló Loyola quien aseguró que se solicitaron las debidas explicaciones del caso: “Nunca nos contestaron por lo que nos dirigimos a la Defensoría del Pueblo de la Nación para que audite a la empresa por la no aplicación de la tarifa subsidiada”.
Entre otras cosas, también se apuntó hacia el no cumplimiento de las excepciones que regían para las personas enfermas o los pequeños negocios. “No se aplicaron. Tenemos un caso testigo de una señora que le vino una boleta de 400 pesos cuando tiene tarifa social”.
De lo actuado, la Defensoría investiga si la empresa de energía cambió sus tarifas bajo el argumento de un incremento en el costo pero a la hora de la suspensión de éstos, no procedió en el mismo sentido con los usuarios del servicio.
En diálogo con el programa Diez Puntos (Radio 2), la defensora adjunta de zona norte, Liliana Loyola recordó que en octubre de 2008, la Secretaría de Energía de la Nación dictó la resolución Nº 1169, que establecía los nuevos valores de las tarifas energéticas, fijando además nuevos rangos de consumos para los clientes residenciales.
Pero, en agosto de 2009, la Secretaría de Energía de la Nación dictó la resolución Nº 652 que suspendió la aplicación de la resolución durante el período que abarca desde el 1º de junio hasta el 30 de setiembre del corriente año. Esta suspensión implicaba la no aplicación de los mayores costos a quienes consumieron más de 1.000 kw y sucesivos rangos.
Sin embargo, “mucha gente vio que la suspensión no se dio en sus boleta”, señaló Loyola quien aseguró que se solicitaron las debidas explicaciones del caso: “Nunca nos contestaron por lo que nos dirigimos a la Defensoría del Pueblo de la Nación para que audite a la empresa por la no aplicación de la tarifa subsidiada”.
Entre otras cosas, también se apuntó hacia el no cumplimiento de las excepciones que regían para las personas enfermas o los pequeños negocios. “No se aplicaron. Tenemos un caso testigo de una señora que le vino una boleta de 400 pesos cuando tiene tarifa social”.
De lo actuado, la Defensoría investiga si la empresa de energía cambió sus tarifas bajo el argumento de un incremento en el costo pero a la hora de la suspensión de éstos, no procedió en el mismo sentido con los usuarios del servicio.
