La Corte Suprema de la Nación dispuso que sea la Justicia Federal de San Nicolás la que investigue una denuncia por infracción a la ley de residuos peligros por la contaminación de las aguas del Arroyo del Medio, límite natural entre las provincias de Buenos Aires y Santa Fe.
El máximo tribunal se apartó del dictamen del procurador fiscal Eduardo Casal, quien, como lo había resuelto un juez de garantías, sostuvo que la investigación era muy incipiente como para concluir que había contaminación en esas aguas interjurisdiccionales y que la afectación entre las provincias no se había demostrado con un grado de convicción como para dar intervención a la Justicia federal.
Según un informe, los resultados obtenidos en mediciones "no aportan datos de impacto de relevancia que pudieran afectar el recurso agua y su biota (especies que la habitan), y tampoco surge que la presencia de cromo y zinc en los valores indicados provenga de la actividad objeto de investigación".
Pero para la Corte existen "circunstancias objetivas que determinan la competencia de la Justicia federal de San Nicolás", pues "el recurso ambiental presuntamente afectado se trata de un arroyo cuyo cauce constituye el límite natural entre las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, de modo que se trata, naturalmente, de un espacio interjurisdiccional".
El máximo tribunal de la Nación afirmó que que "se encuentra acreditado" que los valores de cromo y zinc hallados en los lugares examinados superan los indicadores que se utilizan como guía de calidad para protección de la vida acuática.
"Aún cuando todavía no se ha podido determinar la proveniencia" de las sustancias contaminantes y tampoco que "corresponden a caños de salida hacia al arroyo", lindero a una empresa identificada en la causa, "corresponde que continúe con la investigación la Justicia federal", dice el fallo firmado por el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti y los ministros Elena Highton y Carlos Fayt.
