A dos años de la explosión de la calle Salta 2141, el Colegio de Auditores de la Auditoría General de la Nación (AGN), decidió comunicar al Congreso de la Nación que irá a la justicia si el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) persiste en la negativa de entregar la información requerida por la AGN. La situación fue confirmada por el director de la Auditoria General de la Nación, Leandro Despouy, quien sostuvo que no han podido conlcuir con la auditoria debido a que el ente no coopera debidamente.

En diálogo con Radiópolis (Radio 2), Despouy trazó un panorama al respecto: “Tenemos serias dificultades para hacer las labores de la auditoría, nos solidarizamos con las víctimas pero encontramos reticencia para la entrega de la información indispensable por parte del Enargas, lo que dificulta enormemente la tarea de la auditoría”, indicó.

“Queremos establecer si el comportamiento del Enargas y la compañía prestadora era en cumplimiento con la calidad de servicios que implica brindar seguridad. Pero hace meses que solicitamos información y se han producido profundos desencuentros, dilaciones en la entrega de información o se nos entrega información que no pedimos cuando está obligado por ley de administración financiera”, amplió.

En ese sentido, anunció: “Vamos a denunciar al Enargas a la justicia porque pasó tiempo y ya tendría que estar concluida la auditoría pero se nos presentaron situaciones inadecuadas, nos han hechos consultar expedientes que no tenían nada que ver o pretendieron cambiar o distorcionar el objetivo de nuestra objetivo”.

El AGN envió un comunicado de prensa en el que expresa que “existe de parte del Enargas la obligación de entregar información requerida y, a la fecha ha mostrado una actitud dilatoria, elusiva, ausente de toda cooperación, y más aún, en maniobras distractivas se limitó a remitir documentación que nada tienen que ver con el objeto de la auditoria, por ejemplo la AGN examinó 240 expedientes puestos a disposición por el Enargas de los cuales sólo 11 estaban vinculados al tema bajo análisis.

Por resultar inaceptable semejante comportamiento, con respecto a la entrega de la documentación, sumada a la impertinencia de pretender imponer otro objeto de auditoria al fijado por este organismo y habida cuenta del tiempo transcurrido, la AGN se ve obligada a recurrir, como última instancia, a la vía judicial”.

Despouy remarcó: “Con esta auditoría, esperamos aportar elementos objetivos que sirvan a la justicia para determinar responsabilidades del Enargas y de la empresa Litoral Gas en el control de la provisión del servicio, es por ello que consideramos de gravedad institucional que el organismo auditado adopte esta actitud dilatoria y ponga trabas a las tareas de control porque de esta manera será difícil llegar a la verdad sobre los controles y tareas preventivas que el estado realiza sobre las empresas concesionarias de los servicios públicos”.

Cargando audio...

Leandro Despouy (Radio 2)