El fiscal general a cargo de la Unidad de Derechos Humanos de Rosario, Adolfo Villatte, pidió que se integre el tribunal para la causa Feced III “con la mayor celeridad posible”, luego de que el juicio fuera suspendido porque el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, adujera en dos oportunidades la imposibilidad de integrar el cuerpo. El reclamo fue hecho ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2.

El proceso debería haber comenzado este viernes pero fue suspendido de forma repentina este miércoles y en medio de la polémica por el despido de Santiago Bererciartúa, único representante de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos. Así la causa, que iba a llevar a 14 acusado de delitos de lesa humanidad al banquillo, se quedó en la misma semana sin juez y sin representante de parte del gobierno.

La petición de la Fiscalía, según informó el sitio del Ministerio Público Fiscal, es la respuesta a la notificación que recibiera de parte del tribunal acerca de que el juez Villafuerte Ruzzo, quien había sido convocado para integrar el TOCF 2 junto a Lilia Carnero y Francisco Miño, no podía participar del debate dado que se encuentra momentáneamente a cargo de los dos juzgados federales de su ciudad.

En su petición, el fiscal Villatte desarrolló el derrotero administrativo que derivó en esta suspensión.

Señaló que el 16 de febrero y el 18 de mayo el juez Villafuerte Ruzo, titular del Juzgado Federal N°2 de San Nicolás, advirtió la situación a la Cámara Federal de Casación. El argumento del juez es que, a raíz de distintas licencias de su colega local, Martín Alberto Martínez, debió hacerse cargo de la subrogancia del Juzgado Federal N°1. Martínez, asimismo, se jubilará a partir del 1° de julio.

Villatte recordó que a la primera de las advertencias de Villafuerte Ruzo sobre la situación, la Cámara Federal de Casación contestó: "Por cuanto no se trata de una situación actual sino eventual deberá estarse a lo decidido". Es decir, la ratificación del juez como integrante del TOCF 2 para juzgar "Feced III".

A la segunda nota, de mayo pasado, en la que el juez nicoleño anoticiaba sobre la jubilación de Martínez a partir del 1° de julio –lo cual derivará en que deba hacerse cargo del Juzgado Federal N°1–, recibió como respuesta de la presidenta de Casación, Liliana Catucci, que la petición se tendría "presente para su oportunidad".

Villatte remarcó "la preocupación" y la "ansiedad en las víctimas, quienes esperan con anhelo el comienzo del juicio desde hace más de 40 años".

"Si bien ha quedado evidenciado que el juez Villafuerte Ruzo cumplió en tiempo oportuno con poner en conocimiento del superior la situación antes descripta, lo cierto es que la Cámara Federal de Casación Penal desoyó dichos reclamos y ello condujo a esta inesperada postergación, que se constituye en una nueva dilación de este juicio. Por ello, resulta necesario solicitar que de manera inmediata se integre el tribunal y se fije nueva fecha de audiencia de debate", indicó el fiscal.

En su presentación, Villatte remarcó "la preocupación" y la "ansiedad en las víctimas, quienes esperan con anhelo el comienzo del juicio desde hace más de 40 años", y en ese sentido recordó los instrumentos internacionales que resguardan sus derechos, desde donde "emerge la obligación para el Estado argentino de investigar seriamente y esclarecer los hechos del juicio, con especial cuidado y protección de testigos y víctimas a fin de que evitar una revictimización y retraumatización".

El fiscal añadió que la posposición del debate "afecta la garantía de carácter bilateral de obtener resoluciones judiciales en un plazo razonable, establecida a favor tanto de las víctimas como de los acusados".

La causa "Feced III" tiene imputados a Carlos Ulpiano Altamirano, Eduardo Dugour, Julio Héctor Fermoselle, Héctor Oscar Gianola, Daniel González, Ramon Telmo Alcides Ibarra, José Rubén Lo Fiego, Mario Alfredo Marcote, Lulio César Nast, Ovidio Marcelo Olazagoitía, José Carlos Antonio Scortechini, Ernesto Vallejo, Ramón Vergara y Eugenio Zitelli, este último, capellán del servicio de informaciones policial.