La situación de la Justicia en Santa Fe, en crisis terminal luego de que al fallar en el caso Fraticelli la Corte nacional invalidara algunos de sus procedimientos más habituales, fue tema de análisis en una reunión que se realizó este jueves en el Colegio de Abogados, en la que participaron las autoridades de la entidad y algunos de los más importantes referentes del Derecho constitucional de la ciudad, todos ellos profesores universitarios. Uno de los participantes del encuentro, Víctor Corvalán, sostuvo que Santa Fe “es un paradigma de lo que no debe ser”, le quitó crédito al proceso de reforma judicial hoy en análisis y opinó que el poder político debería iniciar juicio político a los integrantes de la Corte provincial.

“En Santa Fe no ingresó nunca la vigencia de los derechos humanos”, “el sistema es burocrático poco transparente e irresponsable”, “no hay control”, fueron algunas de las sentencias de Corvalán en Radio 2.

El abogado sostuvo que el sistema es burocrático porque “sólo trabajan los empleados. Ponemos que el juez está presente y no lo está”. Que es “poco claro” por ser escrito, algo en lo que el sistema santafesino es único en toda Latinoamérica. Y es “irresponsable” porque nunca hay costas para el Estado, ni siquiera en casos de absolución.

Además, marcó como otra falencia en el hecho de que “no hay auditoría que permita controlar la calidad del Poder Judicial”. Y en ese sentido contó que los integrantes de la Corte provincial reaccionaron en forma destemplada porque en el Colegio de Abogados de Santa Fe se puso una urnas para recoger opiniones sobre el funcionamiento del sistema.

Para Corvalán el accionar de la Corte es central en el problema. “Estamos muy preocupados por su funcionamiento, por su lectura de la Constitución. Acá no se cumple la Constitución –lo dice la Corte nacional– y todos los jueces miran para otro lado”.

En ese sentido, mencionó como ejemplo: “Acá todos los días se condena a personas que nunca han hablado con un abogado defensor antes de declarar. Eso no ocurre en Córdoba, en provincia de Buenos Aires o en la Justicia Federal. Sin embargo, aca el Código Procesal Penal lo tolera. Nadie se hace cargo de este problema, ni los jueces, ni los legisladores”.

“Esto es un paradigma de lo que no debe ser. El único lugar de Latinoamérica donde hay juicio escrito es Santa Fe, donde jamás los jueces ven a los testigos, ni a las víctimas”, agregó.

Para Corvalán, el Colegio de Abogados debería pedir al poder político que inicie juicio a la Corte. “Si una Corte dice que está todo fenómeno y la Corte nacional le dice están equivocados, no se cumplen las garantías constitucionales”. Y opinó que en ese marco “no hay autoridad moral” para que el máximo tribunal encabece la reforma judicial.