La Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de Femicidios y de Homicidios Agravados por el Género fue oficialmente puesta en funciones este viernes por el gobierno nacional aunque esta dependencia ya trabajaba desde junio del año pasado brindando datos cualitativos y cuantitativos sobre la problemática.
La Unidad trabajará conformando una herramienta que “no existe en otro país” y cuyo objetivo central es “prevenir” estos delitos y brindar pautas para optimizar las política públicas de todas las áreas estatales, dijeron funcionarios de Derechos Humanos a Télam.
“Queremos prevenir las violencias y los femicidios, por eso estamos haciendo un trabajo serio, articulando con distintos organismos estatales, tanto nacionales como provinciales, y con ONG, como La Casa del Encuentro", aseguró a Télam Martín Fresneda, secretario de Derechos Humanos de la Nación.
Indicó además que se vine realizando "una tarea muy importante al respecto, lo que nos permite tener hoy una metodología que pone en marcha el registro”.
La Unidad, que dependerá de esa Secretaría, estará a cargo de la abogada Ana Obelín, directora de Asuntos Jurídicos de Derechos Humanos, quien confirmó a Télam que “desde principios de este año comenzamos con la carga de datos, para optimizar el registro".
"Antes articulamos con el Consejo Nacional de las Mujeres, el Ministerio Público Fiscal, la Defensoría General de la Nación, Corte Suprema de Justicia, ONG y organismos provinciales”, refirió.
En el flamante registro estarán detallados los femicidios íntimos, no íntimos, familiares e infantiles, como también los vinculados o por conexión y los sistémicos, es decir los que se dan en el contexto de crímenes masivos.
Además se incluirán los crímenes en contextos de trata o tráfico de migrantes; por prostitución; por mutilaciones sexuales y homicidios agravados por el género en particular, conocidos como crímenes por lesbofobia o transfobia.
Las fuentes que nutrirán la estadística oficial “es múltiple”, aclaró la funcionaria, ya que se tendrán en cuenta los casos que llegan a distintas dependencias de la Secretaría, a otras instituciones estatales nacionales, notas periodísticas y redes sociales.
Obelín contó que “el 13 de noviembre del año pasado, durante la reunión del Consejo Federal de Derechos Humanos, las provincias se comprometieron a aportar insumos para el registro, lo que algunas ya están haciendo”.
Al respecto, Fresneda resaltó que “es fundamental el compromiso y la articulación de todos los Estados: nacional, provinciales, municipales para la carga y el cruce de datos”.
El secretario aseguró que "la importancia que tiene es que más allá de los datos cuantitativos, logremos el análisis cualitativo que permitirá ver si antes de los homicidios existieron intervenciones estatales y cuáles fueron las respuestas institucionales recibidas".
En esa indagación se incluirá "qué hizo el Poder Judicial en cada caso: si hubo denuncias anteriores, el abordaje del homicidio en sí; si se caratuló como femicidio; si solicitó medidas de pruebas para conocer si había una historia de violencia previa, si hizo lugar a los pedidos de querellas y fiscalía", entre otros ítems.
Si es un femicidio “queremos que se tipifique como tal, porque muchas veces, algunos jueces deciden caratular como homicidio”, señalo la abogada, a lo que Fresneda aportó que, a partir de la reforma del artículo 80 del Código Penal, que incorporó mayores penas para los crímenes por odio de género, la tipificación “debe ser correcta, incorporando la nueva perspectiva penal”.
“Se trata de una herramienta superadora, que es única, no existe en otro país, ya que investigamos mucho en otros territorios y tomamos las directivas, que al respecto, ofrece Naciones Unidas”, resaltó la responsable de la Unidad.
El sistema de carga “fue diseñado por una profesional en Informática de la Secretaría, donde trabajamos, junto a un equipo interdisciplinario en la carga de los datos”, agregó.
Este Registro "es una política pública que cumple con los compromisos y obligaciones contraídos por el Estado argentino al ratificar diversos instrumentos internacionales de derechos humanos de las mujeres, y con la ley 26.485 de protección integral contra las violencias de género", indicó el funcionario.
Además “es seria, no de coyuntura. Por eso, no lo anunciamos antes de la marcha NiUnaMenos del último miércoles, movilización que nos mostró el compromiso social ante estos delitos”, valoró Obelín.
Fresneda resaltó también que los homicidios agravados de género y los femicidios “son parte de la amplia agenda de los derechos humanos, violados sistemáticamente al estar basados en una cultura que los sostiene, que debe ser erradicada con políticas estatales como la que presentamos hoy”.
La Unidad trabajará conformando una herramienta que “no existe en otro país” y cuyo objetivo central es “prevenir” estos delitos y brindar pautas para optimizar las política públicas de todas las áreas estatales, dijeron funcionarios de Derechos Humanos a Télam.
“Queremos prevenir las violencias y los femicidios, por eso estamos haciendo un trabajo serio, articulando con distintos organismos estatales, tanto nacionales como provinciales, y con ONG, como La Casa del Encuentro", aseguró a Télam Martín Fresneda, secretario de Derechos Humanos de la Nación.
Indicó además que se vine realizando "una tarea muy importante al respecto, lo que nos permite tener hoy una metodología que pone en marcha el registro”.
La Unidad, que dependerá de esa Secretaría, estará a cargo de la abogada Ana Obelín, directora de Asuntos Jurídicos de Derechos Humanos, quien confirmó a Télam que “desde principios de este año comenzamos con la carga de datos, para optimizar el registro".
"Antes articulamos con el Consejo Nacional de las Mujeres, el Ministerio Público Fiscal, la Defensoría General de la Nación, Corte Suprema de Justicia, ONG y organismos provinciales”, refirió.
En el flamante registro estarán detallados los femicidios íntimos, no íntimos, familiares e infantiles, como también los vinculados o por conexión y los sistémicos, es decir los que se dan en el contexto de crímenes masivos.
Además se incluirán los crímenes en contextos de trata o tráfico de migrantes; por prostitución; por mutilaciones sexuales y homicidios agravados por el género en particular, conocidos como crímenes por lesbofobia o transfobia.
Las fuentes que nutrirán la estadística oficial “es múltiple”, aclaró la funcionaria, ya que se tendrán en cuenta los casos que llegan a distintas dependencias de la Secretaría, a otras instituciones estatales nacionales, notas periodísticas y redes sociales.
Obelín contó que “el 13 de noviembre del año pasado, durante la reunión del Consejo Federal de Derechos Humanos, las provincias se comprometieron a aportar insumos para el registro, lo que algunas ya están haciendo”.
Al respecto, Fresneda resaltó que “es fundamental el compromiso y la articulación de todos los Estados: nacional, provinciales, municipales para la carga y el cruce de datos”.
El secretario aseguró que "la importancia que tiene es que más allá de los datos cuantitativos, logremos el análisis cualitativo que permitirá ver si antes de los homicidios existieron intervenciones estatales y cuáles fueron las respuestas institucionales recibidas".
En esa indagación se incluirá "qué hizo el Poder Judicial en cada caso: si hubo denuncias anteriores, el abordaje del homicidio en sí; si se caratuló como femicidio; si solicitó medidas de pruebas para conocer si había una historia de violencia previa, si hizo lugar a los pedidos de querellas y fiscalía", entre otros ítems.
Si es un femicidio “queremos que se tipifique como tal, porque muchas veces, algunos jueces deciden caratular como homicidio”, señalo la abogada, a lo que Fresneda aportó que, a partir de la reforma del artículo 80 del Código Penal, que incorporó mayores penas para los crímenes por odio de género, la tipificación “debe ser correcta, incorporando la nueva perspectiva penal”.
“Se trata de una herramienta superadora, que es única, no existe en otro país, ya que investigamos mucho en otros territorios y tomamos las directivas, que al respecto, ofrece Naciones Unidas”, resaltó la responsable de la Unidad.
El sistema de carga “fue diseñado por una profesional en Informática de la Secretaría, donde trabajamos, junto a un equipo interdisciplinario en la carga de los datos”, agregó.
Este Registro "es una política pública que cumple con los compromisos y obligaciones contraídos por el Estado argentino al ratificar diversos instrumentos internacionales de derechos humanos de las mujeres, y con la ley 26.485 de protección integral contra las violencias de género", indicó el funcionario.
Además “es seria, no de coyuntura. Por eso, no lo anunciamos antes de la marcha NiUnaMenos del último miércoles, movilización que nos mostró el compromiso social ante estos delitos”, valoró Obelín.
Fresneda resaltó también que los homicidios agravados de género y los femicidios “son parte de la amplia agenda de los derechos humanos, violados sistemáticamente al estar basados en una cultura que los sostiene, que debe ser erradicada con políticas estatales como la que presentamos hoy”.
