Finalmente, la autopista que conecta Rosario con la capital provincial volverá a ser gestionada por el Estado. El lunes pasado se cayó el proceso licitatorio para que la administración del corredor permanezca en manos privadas y este jueves el gobernador Miguel Lifschitz anunciará que la Casa Gris se hará cargo de la autopista. El anuncio generó expectativas en el sindicato de trabajadores de peajes para saber cómo será el pasaje y si respetarán el estatuto laboral.

El anuncio se espera para esta tarde a las 16 y pone fin a la incógnita de quién se hará cargo de la conexión Rosario-Santa Fe aunque ya abrió varios cuestionamientos de parte de la oposición. La concesión con Arssa se había rescindido en diciembre de 2016 pese a que el contrato de la empresa se vencía recién en 2020 pero que se anticipó por incumplimientos de obras de parte de la empresa. Sin embargo, la Casa Gris la había habilitado a continuar con el mantenimiento de la traza –que incluía el cobro de peaje– por seis o 12 meses más.

Los seis meses concluyen este viernes, según informó la periodista de Radio 2 Ivana Fux. Y en ese marco, tras el fracaso de la oferta de un privado, el Lifschitz anunciará el traspaso de la autopista a la órbita pública. El modelo de fideicomiso será administrado por el Banco Municipal, tal como esta tarde detallará el presidente de la entidad y ex secretario de Hacienda local, Gustavo Asegurado.

Desde el ministerio de Infraestructura y Transporte habían informado a principio de la semana que propuesta de una empresa para hacerse de la concesión de los más de 300 kilómetros no había resultado satisfactoria.

Hasta ahora, la provincia comprometió casi 2 millones de pesos durante los próximos cinco años para nuevo pavimento, estaciones de peaje, y un tercer carril entre Rosario y San Lorenzo. También nueva señalética –horizontal y vertical–, iluminación con sistemas led, y accesos de Santo Tomé Norte, Fray Luis Beltrán y Desvío Arijón.

El anuncio de obras llegó después de que diputados del Frente Justicialista para la Victoria pidieran la presencia del ministro de Infraestructura José León Garibay en la Legislatura. Dijeron que sólo habían hecho 75 de los 317 kilómetros de pavimento que debían durante los 5 años de explotación del camino.