Soledad Massin

Cuando los rosarinos aún no se recuperaban de la explosión que hizo añicos un edificio entero en calle Salta, el sábado 10 de agosto sucedió el colmo, la otra tragedia: dos hermanas de 12 y 14 años perdieron la vida al desprenderse uno de los carritos de la gran rueda del Parque de diversiones mientras festejaban junto con sus tíos y primas el Día del Niño.

Por el hecho quedaron procesados cuatro personas, dos de ellas funcionarios municipales, lo que disparó en el Palacio de los Leones una crisis política de la que más de uno salió herido. Desde principio de año, los ediles de la oposición cuestionaban cómo la Municipalidad manejaba las concesiones de los espacios públicos. La muerte de las dos hermanitas oriundas de Rafaela reavivó las críticas sobre el rol fiscalizador de la gestión local. Esta vez la discusión no pasó por una coma mal puesta y un canon, sino que giró sobre los controles necesarios para no poner en riesgo vidas.

Aunque menos espectacular que la ocurrida en Salta 2141, la otra tragedia también sacudió a Rosario, pero sobre todo desnudó serias deficiencias de control a dos meses de unas elecciones en la que el oficialismo debía revalidar sus pergaminos.

El sábado

Mientras los rescatistas trabajaban a destajo en Salta y Oroño con la esperanza aún de hallar vida bajo los escombros, poco después de las 16 del sábado 10 de agosto, los paramédicos del Sies –apostados en la zona cero– recibieron una insólita llamada: una de las canastas de La vuelta al mundo se había precipitado al piso desde poco más de 20 metros de altura, con personas a bordo y mientras una larga cola de niños debajo esperaba su turno para subirse al juego. El centro de entretenimientos de Oroño casi 27 de Febrero había sido elegido por el Sindicato de Peones de Taxis para homenajear a los más pequeños en su día.

En minutos llegó una primera ambulancia al lugar y los profesionales constataron la noticia que nadie quería escuchar.

Las primeras versiones que circularon hablaban de dos víctimas adultas y dos niñas desaparecidas; pero al poco tiempo ya no quedaban dudas: eran las niñas las que habían perdido la vida. Melani y Florencia Aranda, de 12 y 14 años respectivamente. También resultó herida la menor de las Aranda, Jackeline, quien luego de tres semanas en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela recibió el alta y volvió a Rafaela, a una casa partida por el dolor.

Natalia, la tía de las chicas, atravesó por su parte una estadía aún más prolongada en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde tuvo que someterse a cinco cirugías para no perder su brazo derecho. Ella estaba con las nenas en el momento en que la canasta trazó un péndulo y se desplomó en el suelo. Otras seis personas, entre ellas algunos menores, también fueron heridas aunque sus lesiones resultaron de menor gravedad.


Los procesados

Ese mismo sábado comenzaron las primeras pericias y ya el lunes se presentaron al Juzgado de Instrucción N° 7 algunos testigos.“ Los cintos de seguridad no te sostienen, son de tela común y su seguro es un simple gancho de tela”, le dijo Jacqueline al juez Juan Carlos Curto y a la fiscal Cristina Herrera.Jacqueline, técnica en Seguridad, estaba a bordo de una de las canastas cuando se desató la tragedia. Apuntó que los operarios del juego no sólo no chequeaban que cada persona se abrochara el seguro, sino que la cantidad de gente que subía excedía el número de cintos disponibles. “Había sólo tres cintos y nosotros éramos cinco”, precisó.Presentaciones y careos de por medio,  quedaron procesados el empleado que manejó el juego aquel día, Emiliano S.; el apoderado del parque, Adrián Osella; el ex director de Inspecciones del municipio,  Gregorio Ramírez; y una inspectora del distrito centro,  Norma Rey.A los dos primeros se les adjudicó “doble homicidio culposo” y particularmente a Osella se le sumó “lesiones graves”. Los dos últimos fueron procesados por “incumplimiento de sus deberes de funcionario público”. Los coletazos

El miércoles 25 de septiembre, luego de mucho insistir, el Ejecutivo municipal aceptó la invitación de los concejales que querían sentar en el banquillo político a los funcionarios de Mónica Fein y algunos hasta a la misma intendenta. O por lo menos querían escuchar algunas explicaciones.

En nombre de todos ellos, acudió el secretario de Gobierno, Fernando Asegurado, cargado de datos técnicos y con una gran caja azul bajo el brazo. Durante toda una tarde se sometió a las preguntas de los ediles que querían saber cómo se cayó la canasta; por qué murieron dos nenas; de quién era la culpa. Por qué un espacio público era controlado por un privado. Dónde estaba el Estado.

El secretario realizó su descargo pero los concejales de la oposición mantuvieron sus críticas. “Se confirmó el peor escenario”, lamentó el peronista Diego Giuliano. “Estamos ante una crisis en el sistema de control del municipio”, completaron los radicales Jorge Boasso y María Eugenia Schmuck.

Mientras el oficialismo esgrimía el argumento de un impecable cumplimiento de la ordenanza 7.218 de “Espectáculos Públicos” –que ordenaba al concesionario el envío cada cierta cantidad de tiempo de una memoria descriptiva sobre el estado del predio–; la oposición replicaba con el pliego de licitación y su artículo 35.2: “El concesionario cumplirá con el servicio de mantenimiento, y la Municipalidad controlará el cumplimiento de ello”. Aún más claro, el inciso 5: “La Municipalidad inspeccionará la explotación y conservación de la obra; a través del órgano de inspección y control”.

La intendenta Mónica Fein, por su parte, finalmente admitió deficiencias en las tareas de control. “Hay que replantear responsabilidades que delegamos en los privados y fortalecer los controles del Estado para que esté antes. El Estado tiene que estar más presente previniendo, mas allá de que seamos eficientes atendiendo la tragedia”, señaló.

El nuevo secretario de Control

Convencida de que "de las tragedias se aprende”, para Fein era hora de “una nueva mirada en las áreas de control”. Tras la autocrítica llegaron los cambios. Y no fueron para nada tibios: la intendenta reestructuró su gabinete, movió funcionarios de aquí para allá y a algunos los dejó, malheridos, en medio del camino.

Reemplazado por Clara García, Pablo Seghezzo dejó la secretaría de Servicios Públicos para hacerse cargo de la flamante oficina de Control y Convivencia Ciudadana, secundado por Mónica Alvarado, ex Ente de Movilidad, como segunda en el área.

Así, Fein apuesta a una nueva organización, o una "nueva mirada", como dijo textualmente la intendenta, de las tareas de control del municipio, puestas en tela de juicio como nunca antes después de la tragedia del Parque.