Primero esperaron, luego preguntaron qué pasaba con sus sueldos y ante la falta de respuesta oficial, tras casi un año de trabajar sin percibir sus haberes, las cuatro mujeres decidieron denunciar públicamente la seria irregularidad que las priva de un derecho adquirido, desde el momento de la creación de sus cargos rentados.

Las cuatro comenzaron a prestar servicios en escuelas pertenecientes a la jurisdicción de la Región VI durante 2006, y quien tiene mayor antigüedad como portera interina es Elisa Gamarra, quien trabaja en el jardín Nº 237, de José Ingenieros 1.820, Fonavi oeste de la ciudad de San Lorenzo, desde el 28 de abril de 2006.

A ella se suman otras tres porteras interinas cuyos cargos fueron creados el último año y aún no han comenzado a cobrar sus haberes. Se trata de Ana Dellepiagge, quien trabaja en la E.E.M.N. Nº 384 Doctor Albert B. Sabin, de Nahuel Huapi 4586, desde el mes de junio último; Laura Selmanovich, empleada de la E.E.M.N. Nº 350, de Rodríguez y Uriburu, también desde junio y Silvana Barranco, portera del EMPA 1.307, de Pasaje Suiza 220, desde el mes de agosto de 2006, todos establecimientos de la ciudad de Rosario.

La insólita explicación que recibieron de parte del titular de la Región VI, Humberto Cancela, es que el decreto referido a sus cargos fue firmado “sin la correspondiente partida presupuestaria”. Es decir que a pesar de estar probado que las cuatro trabajadoras desempeñan tareas en dependencias educativas por decisión del Ministerio de Educación que las nombró por decreto, otro ministerio provincial, el de Hacienda a cargo de Walter Agosto, no libra los fondos necesarios para pagar la remuneración que por legalmente les corresponde.

Las damnificadas reclamaron a principios de este mes al gobernador Obeid, primero por nota presentada a la secretaría de la gobernación y luego por carta documento –como últimas instancias administrativas antes de recurrir a la Justicia– pero hasta la fecha ningún funcionario les ha comunicado cuándo cobrarán lo que se les adeuda, es decir cuándo los dos ministerios en cuestión, pertenecientes al mismo gobierno, deciden ponerse de acuerdo.