El Ministerio de Seguridad de la provincia informó este miércoles que, a través de la Jefatura de Policía, dispuso el relevamiento de siete funcionarios de la División Judiciales de la Unidad Regional II.
Se trata del titular de esa división Cristian Romero y los agentes Raúl Saccone, Luis Quevertoque, Néstor Quirós, los suboficiales José Luis Ramonda y Ariel Lotito, y el agente Matías Joel Lotito.
Desde la cartera de Seguridad indicaron que "previo análisis sobre la situación particular de cada uno de ellos, se decidirá posteriormente por una reasignación de funciones dentro de la misma jefatura regional o un traslado hacia otros destinos".
El comunicado del Ministerio de Seguridad de la provincia se difundió este miércoles a la tarde, cuando en Rosario se desarrollaba el megaoperativo de fuerzas federales contra el narcotráfico con la presencia del secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, acompañado por el gobernador Antonio Bonfatti.
La División Judiciales de la Unidad Regional II de Rosario había quedado en el centro de la polémica en dos oportunidades desde el comienzo de este año.
Tras las acusaciones de Ramón "Monchi" Machuca –miembro de la banda de Los Monos y prófugo de la Justicia– a un canal de TV porteño, el jefe de la división, Cristian Romero, se presentó ante la Justicia pidiendo que lo investiguen.
Romero junto con el jefe de la brigada de Judiciales, Raúl Saconne y el subjefe, Luis Quevertoque, negaron las acusaciones de Machuca, que los señalaba como responsables del negocio de la droga en Rosario.
En una conferencia de prensa por ese tema, agentes de la división tuvieron un comportamiento que fue cuestionado por diferentes sectores al montar una cámara oculta a periodistas rosarinos con la supuesta intención de demostrar que cualquiera puede manipular imágenes.
Por otra parte, Romero se presentó en febrero ante la Justicia –luego de una ausencia por vacaciones en enero– para rendir cuentas sobre el accionar de sus tres agentes acusados de "abuso de autoridad" por la Fiscalía de San Isidro, por haber intentado ingresar sin orden judicial al country de Pilar donde vivían los asesinados Luis Medina y Justina Pérez Castelli.
