Los cambios en el sistema judicial de la provincia se empiezan a tomar forma. Ayer se reunió, por segunda vez, la Comisión de Reforma Penal, cuyo trabajo se enmarca en el denominado Plan Estratégico Provincial para la Justicia. En el encuentro se definieron algunos puntos concretos de la futura reforma: en Santa Fe habrá Policía Científica, se consagrará la Defensoría Gratuita y habrá nuevas pautas para el trabajo de los jueces y de los tribunales.

Cuando acabe el proceso de reforma judicial, en la provincia de Santa Fe los juicios serán orales y el tribunal estará compuesto por un solo juez, salvo que las circunstancias del caso exijan la figura del Tribunal Colegiado (que estará formado por tres jueces). Y aparecerá la figura del querellante, como un nuevo derecho que asistirá a los ciudadanos que sean víctimas de un delito.

El abogado Julio de Olazábal es, junto a Ángel Baltuzzi, uno de los coordinadores de la Comisión de Trabajo número 3, encargada de analizar las reformas al Código Procesal Penal. En diálogo con LT10 de Santa Fe, De Olazábal dijo que los avances logrados en la reunión de ayer fueron “clarísimos”.

“En la primera reunión que hubo, llegamos a un consenso para trabajar sobre el proyecto del año 1994. Y ayer, en la segunda reunión, de dieron pasos muy importantes”, relató De Olazábal. “Se formaron comisiones para avanzar más rápido. Hay tres comisiones que van a estudiar las tres funciones esenciales del proceso: una va a estudiar cómo trabaja la fiscalía; otra, cómo va a trabajar la defensoría, sobre todo la gratuita, y la otra que va a estudiar el funcionamiento de los jueces y del tribunal”.

El abogado explicó que en la reunión se acordó que todos los aspectos de las futuras investigaciones van a estar a cargo de la Fiscalía, que tendrá su propio organismo autónomo: la Policía Científica, cuyo nombre real será Organismo de Investigaciones del Poder Judicial. Esta Policía Científica va a actuar después del hecho consumado, no antes, y su principal tarea será recabar los elementos necesarios para la investigación judicial. Para ello, los agentes deberán estar especializados en la materia. “En la actualidad, la mayoría del personal policial no está capacitado para hacerlo, y los que están, se dedican a muchas otras cosas”, argumentó De Olazábal.

“Se buscan evitar los roces que permanentemente se producen en la investigación de un hecho”, agregó el coordinador de la Comisión de Reforma Penal. En otros lugares del mundo, este órgano lleva el nombre de Policía Judicial; De Olazábal prefiere no usarlo porque dispara la idea de que en el país va a haber dos fuerzas armadas.

En la actualidad, el lapso entre el momento en que alguien es detenido y la aparición en escena de su abogado es incierto. No hay garantías para los detenidos de menores recursos y, además, el proceso se dilata porque suelen repetirse los procedimientos una vez que el defensor comienza su tarea.

Ante esta situación, se estudia la posibilidad de instaurar la figura del defensor, que actuará desde el momento mismo de la detención. De Olazábal explicó el mecanismo: “Permitirá evitar algunas desviaciones que siempre ocurren en los procedimientos y que hacen que todo se demore. Hemos establecido que en todas las intervenciones de un imputado tendrá que estar presente el abogado defensor”.

Este cambio supone que el Estado deberá contar con un cuerpo de profesionales importante. “Habrá que pensar, al menos, en la colaboración del Colegio de Abogados, sobre todo para que los más jóvenes puedan trabajar. Los detenidos tendrán una defensa real, no declarativa, porque estará presente el abogado”, sostuvo el coordinador.

En cuanto al desarrollo concreto de la última parte del trabajo judicial, la comisión que analiza las reformas al Código Procesal Penal ya definió dos de las principales características: los juicios serán orales y, salvo que se trate de un caso complejo, habrá un solo juez.

De todos modos, este último punto no está del todo definido. “Es uno de los temas que teníamos en debate. Ayer llegamos a la conclusión de que, para cumplir con pactos internacionales, se va a establecer como pauta general un tribunal unipersonal. Pero para los casos especialmente graves, el tribunal de va a colegiar con tres jueces, de modo que haya un criterio más amplio respecto de lo que se decida”, explicó De Olazábal.

Una vez que se reforme el sistema judicial de la provincia, las personas que sean víctimas de un delito tendrán el derecho de participar activamente del proceso bajo la figura de querellante, inexistente hoy. “Tradicionalmente, en el Derecho Penal la víctima era totalmente ignorada. Pero ahora se establecerá que tendrá derecho a la información y que podrá meterse en el proceso como querellante”, sostuvo De Olazábal.

“Si por cualquier causa el fiscal, que es el que tiene que llevar a cabo las acciones, fuera negligente o no tuviera tiempo, la víctima puede llevar adelante el procedimiento. Puede imputar, recurrir, apelar; puede estar presente y aportar pruebas. Si se archivara una causa, el querellante puede recurrir a otro tribunal”, enumeró el coordinador de la Comisión de Reforma Penal.

Con este panorama, las subcomisiones van a avanzar por separado en el estudio de los cambios y las reformas. Sus miembros se volverán a reunir el 11 de septiembre en la capital provincial. “Los lineamientos ya están dados”, concluyó De Olazábal.

Fuente: Notife.com