La reforma previsional sumó otro revés en la Justicia

El fiscal Gabriel de Vedia hizo lugar al pedido de un grupo de jubilados que pidieron que se les aplique la actualización prevista en la ley de movilidad anterior. La Justicia Federal de la Seguridad Social deberá resolver el trámite

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La reforma previsional sufrió un nuevo revés en la Justicia, ya que el fiscal Gabriel de Vedia falló en contra de los cambios establecidos por el Gobierno nacional, al hacer lugar al pedido de un grupo de jubilados que solicitaron que se les aplique la actualización prevista por la ley de movilidad anterior.

De Vedia dictaminó sobre expedientes presentados por cinco jubilados que consideraron que el nuevo cálculo es inconstitucional y pedían que se les aplicara el anterior por ser más beneficioso.

Ahora, tras el dictamen del fiscal, deberá ser la Justicia Federal de la Seguridad Social la que resuelva el trámite.

Previo a este revés, en junio pasado, la Cámara había fallado en contra de la reforma luego de una presentación contra el aumento de 5,71% que se dispuso en marzo. Con la fórmula anterior debía haber sido de 14,5%.

El 14,5% de aumento es lo que corresponde a la formula anterior desde julio hasta el día que se sancionó la ley actual, es decir, 29 de diciembre de 2017. En cambio la suba que terminó ocurriendo, de 5,71%, corresponde a la evolución del 70% de inflación y 30% de los salarios del tercer trimestre de 2017.

En los primeros días de junio, la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social falló a favor de un jubilado al sostener que en el cálculo para los haberes de marzo, la denominada cláusula de anclaje estuvo mal hecha.

Los jueces respondieron así a una demanda presentada por el abogado Miguel Fernández Pastor, quien presentó una demanda por inconstitucionalidad de la norma que podría extenderse al resto de los jubilados que están en su misma condición.

El fallo –firmado por el juez subrogante Rodolfo Mario Milano y los camaristas titulares del Tribunal Néstor Fasciolo y Martín Laclau– sostiene que el Gobierno vulneró los derechos de los jubilados al quitarles ese porcentaje, y que debía haber encontrado otra forma.

En la parte resolutiva, el tribunal consideró que el artículo dos de la ley es inconstitucional y "no aplicable" a los haberes devengados entre el 1 de julio y el 29 de diciembre del 2017".

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