En abril de este año se aprobó en el Congreso Nacional una ley que tipificó la trata de mujeres y niñas y niños con fines de explotación sexual como un delito federal. Esta ley fue necesaria debido a la magnitud que esta actividad ha alcanzado en el país en pocos años.
Profundizando el tema del dictamen, la diputada Aranda fue más allá y aseguró que “la organización internacional de Migraciones de Naciones Unidas ha dado a conocer estudios que muestran la gravedad de la situación. Organizaciones no gubernamentales como la Red No a la Trata dan cuenta de cifras cercanas a las 300 jóvenes desaparecidas en el país en las redes de la prostitución”.
Sin embargo, casi no existen condenas por proxenetismo, que está fuertemente penalizado en nuestro Código Penal lo cual muestra a las claras lo absurdo que resulta tener “entradas” en la policía por algo que no es un delito (ejercer la prostitución) y la existencia de una abrumadora oferta de servicios sexuales regenteados que nadie investiga.
