Claudia Bonato

 

Desde el día en que asesinaron a mansalva a Luciano Drovandi en barrio Belgrano para robarle su moto, se reavivó la preocupación por la inseguridad y también la curiosidad por saber dónde van a parar tantas motos robadas. Qué controles se hacen en Rosario para detectar con rapidez los vehículos sustraídos. Cómo se comunican la Policía y la Dirección de Tránsito para dar celeridad a la investigación. Por qué se recuperan tan pocas motos en relación con las que fueron robadas. Las respuestas a estas preguntas podrían dar una pista acerca de por qué la s motos siguen siendo, después de las bicicletas, el vehículo más robado.

 

Juan va a jugar un partido con sus amigos y a la salida nota que le robaron la moto. La cancha está en Ovidio Lagos al 6500 y una chica se acerca al grupo para decirles que se la llevó alguien que vive en Puente Gallego. Hacia allí parten Juan y algunos amigos que le hacen el aguante para tratar de recuperarla antes de que sea tarde. Llegan a ese barrio, preguntan en un negocio por el sospechoso y se enteran de que un rato antes pasó por esa calle con la moto que ellos describen. El dueño del salón de ventas le dice cómo se llama el individuo y le muestra dónde vive, pero le advierte que es muy peligroso. Juan y sus amigos dan unas vueltas por el barrio y no lo encuentran. Vuelven a sus casas y Juan decide hacer la denuncia policial con todos los datos que ha recabado en su doméstico espionaje (que no son pocos). Recibe llamadas anónimas en las que le piden rescate por anticipado, es decir antes de la entrega del ciclomotor. Él se niega y confía en que la Policía la encontrará. Espera, pide, reclama, exige. Pasan tres años y Juan da por perdida la moto.

 

Los dueños de motos robadas dudan entre hacer la denuncia o tratar de recuperarla por su cuenta. La razón es una sola: desconfían de que la investigación de la policía sea más efectiva que los contactos propios. Algunos damnificados aluden a episodios de complicidad policial; otros argumentan que si esperan que la Policía llegue con la orden de allanamiento para recuperar su vehículo, la moto ya estará muy lejos del lugar del hecho.

 

Lo cierto es que debido a la frecuencia con que se sustraen estos vehículos, casi ninguna compañía de seguros se hace responsable de la cobertura por su robo. Las pocas que lo aceptan, lo hacen si el cliente asegura en la misma empresa algún vehículo de mayor porte.

 

Las cifras del delito

 

El año pasado en el departamento Rosario fueron robadas 1.410 motos y en lo que va del 2006 ya suman 800 (a razón de unas 4 motos diarias) y hasta ahora fueron recuperadas por la División Sustracción de Automotores sólo 51. Desde esa dependencia policial aclaran que la Agrupación Cuerpos (integrada por la Patrulla Urbana , el Comando Radioeléctrico y el Cuerpo Urbano de Infantería) ha hallado en los primeros siete meses de este año, unas 150 más.

 

Como respuesta a la lentitud en los procedimientos de rescate, desde la Dirección de Tránsito Municipal explican que cuando se registra la denuncia por robo, el pedido de captura no es informado rápidamente al Registro. “Si esto se hiciera –asegura Hernán Matich, a cargo de las subastas de vehículos con documentación en regla alojados en el corralón municipal–, el trámite sería más rápido. También ayudaría que hubiera un registro nacional de vehículos robados, de manera que cuando se informa que una moto tiene pedido de captura en Santa Fe, también se enteren, simultáneamente en Córdoba y en Chaco. Creo que el mayor problema –señala Matich– es falta de una buena comunicación”.

 

Pero el dato más llamativo es la enorme cantidad de motos que están alojadas en el Depósito Judicial de Vehículos Secuestrados (que depende del Cuerpo Guardia de Infantería), ubicado en Dr. Riva al 7300, en la zona suroeste de Rosario. Allí hay 2.999 motos –algunas están depositadas desde hace más de diez años– (contra 6.136 bicicletas, vehículo que lleva la delantera en robos) y permanecen en custodia por diversas causas, según detalla el Oficial principal Néstor Aranda –jefe del depósito–. “Algunas no pueden restituirse a nadie porque no se conoce al dueño. El propietario original no se presenta a reclamarla con el correspondiente oficio judicial y el último poseedor la había robado. Otra razón es la adulteración de los guarismos de motor y cuadro (art. 289 del Código Penal) o que la moto haya sido usada para cometer un robo calificado”. En todos los casos, para poder liberar una moto es necesaria –afirma Aranda– la orden del Juzgado.

 

Justicia lenta no es justicia

 

Para ratificar la lentitud y la falta de operatividad que los damnificados observan en el procedimiento oficial de recuperación de las motos, basta con conocer los pasos que sigue el trámite de denuncia una vez que ingresa a la seccional policial. Desde allí, la información pasa sucesivamente al Comando Radioeléctrico, a Orden Público y a Sustracción de Automotores, desde donde se envía un radiograma al Centro de Comunicaciones Policiales, dependencia que se encarga, por último, de notificar a la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor.

 

“Ese trámite puede demorar fácil 15 días –protesta José Cámara, integrante de Daprom (Damnificados por robos de motos) de Santa Fe–. Con esa demora los ladrones tienen tiempo de sobra para sacarla de la ciudad, desguazarla o venderla entera”, asevera Cámara, quien cuenta además que le robaron su primera moto en 2003 y nunca la recuperó. En aquel momento publicó un aviso en el diario y se empezó a contactar con otras víctimas del mismo delito para formar la citada agrupación que se encarga de rastrear motos robadas. “Las que se recuperan, se consiguen mediante el pago de un rescate –alrededor de 700 pesos por una Honda Biz– o como consecuencia de un procedimiento policial efectuado por otro delito en el que se usó una moto que se comprueba había sido sustraída con anterioridad”, cuenta este motoquero que a pesar de todo sigue prefiriendo andar sobre dos ruedas.

 

Otro escollo en el trámite de recuperación es la lentitud de los procesos judiciales. Esto resulta evidente si se comparan las aproximadamente 200 motos recuperadas este año (entre Sustracción de Automotores y Agrupación Cuerpos) con las 800 robadas y con las 2.999 que aguardan a la intemperie en el Depósito Judicial. Según explica el Oficial principal Aranda, “entre esas casi 3.000 motos muchas deben coincidir con las robadas este año o en años anteriores; pero como los juzgados no resuelven, nosotros por nuestra cuenta no podemos hacer nada”.

 

Las motos más robadas son las de baja cilindrada, entre 50 y 110 centímetros cúbicos. “Rara vez se denuncia como robada una moto superior a 350” , informa el comisario principal Francisco Borgoratti –jefe de la División Sustracción de Automotores, de la Unidad Regional II, con sede en Rosario– y destaca la violencia con que se producen estos hechos en la actualidad. “Basta ver lo que pasó con Drovandi en barrio Belgrano. Podría asegurar que ese chico que le robó la moto iba a usarla para consumo interno –admite Borgoratti– no integra una red de tráfico ni nada por el estilo”.

 

El circuito de las motos robadas

 

Según informa Sustracción de Automotores, desde el departamento Rosario las motos robadas toman diversos rumbos: muchas quedan en la ciudad sin patente o con número de motor y cuadro adulterados y circulan por zonas con poco control de tránsito. Otras, son vendidas y aparecen más tarde en ciudades como San Lorenzo, Casilda, San Nicolás, Paraná, la capital provincial o en alguna ciudad cordobesa cercana al límite con Santa Fe.

 

En cambio, desde la ciudad de Santa Fe, según Daprom, hay cuatro posibles circuitos hasta ahora más usados. Pueden pasar por San Carlos Centro, donde son desarmadas y llegan luego a Arequito (donde la Policía efectuó un operativo en diciembre de 2005 en el que secuestraron motopartes por valor de 1,5 millón de pesos). Otro camino las desvía hacia la ciudad de Esperanza y luego son vendidas en Rafaela; un tercero las conduce a través de la Ruta Nacional Nº 19 (que nace en Santo Tomé y finaliza en el acceso a la ciudad de Córdoba) rumbo a San Francisco, en la provincia mediterránea y una última vía deriva las motos a la ciudad de San Justo para terminar vendiéndolas en General Crespo, en el norte santafesino.

 

Da la sensación de que se conoce demasiado para los escasos resultados obtenidos por los actores que trabajan en la investigación de este delito. Según la tendencia estadística, antes de que termine este día, otras cuatro motos serán arrancadas a sus dueños y quizás ninguno de ellos vuelva a verla.