Le robaron el documento y cobraron la jubilación de una mujer y pidieron un crédito a su nombre. El hecho ocurrió en la zona de Ayacucho y Guillermo Tel el 20 de noviembre último, cuando un carterista se llevó la billetera de Myriam Knol y la de la persona que acompañaba. En el interior de ambas carteras había dinero y documentos de identidad por lo cual Myriam hizo la correspondiente denuncia policial.

Ya superado el disgusto que le causó aquel robo, su sorpresa fue mayor cuando concurrió el 7 de diciembre al banco Piano de Sarmiento y San Lorenzo a cobrar la jubilación anticipada que venía tramitando. “Tenía que cobrar varias cuotas juntas que sumaban 2.333 pesos –relata Myriam– y cuando llego a la ventanilla me entero de que el día anterior, otra persona había cobrado con el documento que me habían robado”.

La persona que firmó en su nombre lo hizo escribiendo Myriam con “i” latina y lo que nadie pudo explicarle a la damnificada en el banco Piano es cómo autorizaron el pago sin que le exigieran al que falseó su identidad la presentación de dos impuestos a nombre de la titular de la jubilación, tal como habitualmente se exige.

Myriam hizo sucesivas denuncias en la entidad bancaria, en la Administración Nacional de Seguridad Social (Ansés) y en la Defensoría del Pueblo, todas infructuosas hasta el momento. No sólo perdió el primer importe de su jubilación, sino que, además, quien usufructuó su identidad solicitó un crédito en el mismo banco a nombre de ella, cuyas cuotas de 70 pesos comenzaron a descontarle a partir del cobro de febrero.

El robo de identidad, un problema irresuelto en la Argentina

Según cifras extraoficiales, el robo de identidad genera un mínimo de 500 millones de pesos de pérdidas anuales a las entidades financieras y comerciales en la Argentina.

Este tipo de delito no se limita al uso de la información de otra persona como puede ocurrir a través de la banca electrónica, conocido como prácticas de phising, sino al uso del documento de otro para adquirir créditos, tarjetas, electrodomésticos u otros bienes y servicios.

Este mínimo de 500 millones de pesos anuales, no tiene en cuenta ni los costos de la entidad en los intentos por cobrar lo adeudado ni los de la víctima que debe interponer cartas documentos y abogados para demostrar que no realizó las operaciones impagas que le imputan.