“Si algo tiene de terrible este proyecto es que absolutamente centralista y unitario”. Fernando Pino Solanas no se anduvo con vueltas a la hora de criticar el proyecto de ley de radiodifusión que el kirchnerismo pretende sancionar en el Congreso en los próximos días. “Para aprobar la programación de la FM del último pueblo hay que ir a Capital”, advirtió el legislador electo en los comicios del 28 de junio pasado.

Solanas, en diálogo con el programa Diez puntos, de Radio 2, dijo que es indiscutible la necesidad de cambiar la ley vigente desde la dictadura, pero afirmó que la nueva norma debe ser fruto del consenso y no de la imposición, y que eso no es posible si se pretende “un debate exprés”.

Así, el líder de Proyecto Sur rechazó la idea kirchnerista, que busca apurar los tiempos en el Congreso, y advirtió además que este proyecto “está lleno de trampas”.

“Las leyes hay que seguirlas hasta cuando van al baño; hace 20 días una ley votada en el Senado al final era otra”, advirtió, en referencia a la ley de emergencia agropecuaria que luego fue vetada parcialmente por el Ejecutivo porque reducía retenciones en varias localidades bonaerenses afectadas por la sequía. Sobre este proyecto en particular, el de ley de medios, dijo que “hay que seguirlo con un ejército de perros sabuesos”.

Para Solanas dar un debate acotado o “exprés” en un tema tan delicado y fundamental para la democracia “es una payasada” y dijo que, por ejemplo, no se puede dejar afuera de la discusión a la comisión de Educación y Cultura.

Sin embargo, aclaró que tampoco está de acuerdo con los que proponen postergar el debate para después del 10 de diciembre porque “hay que abrir el debate cuando la ocasión se preste” ya que “los intereses en juego son gigantescos”.

“Ni patear para adelante ni discutir durante quince en días en un debate exprés”, precisó.

En ese sentido, llamó a “tomarse el tiempo necesario para encontrar un punto de consenso”.

En cuanto a los cuestionamientos a la iniciativa, mencionó la falta de federalismo y puso el foco en el órgano de aplicación. “Debe ser autónomo, con amplio control parlamentario y con un defensor del usuario que responda a una gran asamblea asesora de composición plural, en la que estén representados todos los sectores”, afirmó.