Luego de que dos chicos de 14 años murieron tras aspirar pegamento el debate sobre esa problemática letal que gana terreno entre los más jóvenes se centró en las legislaciones para prohibir la venta libre de ese tóxico y que sin embargo no se cumplen y en las leyes que intentan ir más allá  –proponen un registro de grandes compradores de esa sustancia– que aún duermen en la Legislatura provincial.

Es que el Código de Faltas establece como contravención la venta de pegamentos, o adhesivos, a menores de 18 años. Y con la intención de superar esa prohibición la diputada provincial por el ARI, Verónica Benas, redactó un proyecto de ley que aún no fue aprobado pero que apunta a restringir la venta sólo a ferreterías y locales específicos.

Además de prohibir la venta a menores de edad, la iniciativa de Benas ordena que esos productos no sean expendidos en cualquier tipo de negocio. "La aprobación se demoró largo tiempo porque si bien ya había pasado por la comisiones de Salud y Asuntos Constitucionales cuando se le iba a dar media sanción se determinó que debía tratarse en la comisión de Comercio e Industria", dijo Benas.

En declaraciones a Radio 2, Benas dijo que "aunque la prohibición no va a eliminar el problema de las adicciones, por lo menos va a evitar que haya mayores que compren pegamento en grandes cantidades para fraccionarlo en bolsitas para la venta a menores".

En este sentido, la propuesta de la diputada postula que esos productos se vendan en ferreterías y comercios específicos y que además se haga un registro de los que compran en cantidad.

"Si se restringen los lugares de venta de esos productos, es más facil de controlar ya que ahora es imposible ejercer control porque la venta es libre y se consiguen en cualquier parte". concluyó Benas.