El Senado votó por unanimidad una serie de modificaciones al Código Procesal Penal que le otorgan más poderes a los fiscales. Uno de los impulsores de la iniciativa, que finalmente llegó al recinto como un proyecto del Ejecutivo provincial, fue el senador radical Lisandro Enrico, quien resaltó los alcances de los cambios propuestos aunque admitió que pueden generar planteos de inconstitucionalidad.

En diálogo con el programa Radiópolis de Radio 2, el legislador defendió los cambios promovidos a la espera de una luz verde en Diputados y acusó la existencia de “campañas de sectores políticos” que se oponen. “Establece medidas procesales para evitar las situaciones que se dan a menudo, se les da más derechos a las víctimas y a los querellantes y se amplía el plazo de detención”, resaltó y subrayó el hecho de que fue votado por unanimidad.

Enrico admitió que estos cambios facultan de mayores poderes a los fiscales con lo cual podrán surgir planteos de inconstitucionalidad. “Siempre habrá porque hay interpretaciones distintas. La Legislatura de Santa Fe quiere evitar la impunidad, el hecho repetitivo del dolor de la persona que fue robada y ve a quien le robó en la calle”, manifestó y resaltó: “Los derechos humanos no son sólo para los que delinquen, también tienen que ser para la gente que reclama seguridad”.

El radical mencionó que entre los puntos modificados está el plazo de detención: “El fiscal hoy tiene 24 horas para imputar, por eso se extiende a 72 horas”. Sobre la prisión preventiva, dijo: “Hoy es de difícil aplicación por lo que flexibilizamos el plazo”. También “hay más controles al juicio abreviado, se le da más facultades a la víctima y al querellante”.

Según publicó el diario El Ciudadano, los principales cambios propuestos son:

Prisión preventiva. Los jueces van a tener una mayor posibilidad de dictarla, manteniendo los mismos presupuestos pero sólo con recaudos: verosimilitud del derecho y peligro de fuga, o la proporcionalidad del delito. Se mantiene el criterio de rigurosidad y de tutela del imputado, pero se les da mayores facultades a los jueces.

Flagrancia. La reforma obligará a la Policía a detener a los imputados en los casos de flagrancia. Ahora tienen la posibilidad de detenerlos, pero con el cambio tendrán la obligación de hacerlo. Según el senador Enrico, hoy la flagrancia es aplicada a criterio del fiscal; a partir de ahora quedará establecida en la ley.

Detenciones. Se extenderá el plazo de detención que ordenan los fiscales. En la actualidad es de 24 horas, prorrogables por otras 24; la propuesta implica 72 horas con una prórroga de 24. También se extiende el plazo para la audiencia imputativa.

Allanamientos. Seguirá siendo obligatoria la autorización del juez previa al procedimiento del fiscal, pero se ampliarán los márgenes que hoy son de 12 horas (de 8 a 20) y se podrán realizar durante las 24 horas del día.

Juicio abreviado. La reforma establece una mayor rigurosidad en el procedimiento cuando se trata de delitos graves. En el caso de penas mayores a seis años se exigirá la conformidad no sólo del fiscal regional, sino también del fiscal general de la provincia. “El juicio abreviado no es un instituto disvalioso, pero no se debe utilizar indiscriminadamente. Debe haber una mayor rigurosidad en el uso del mismo para evitar algunas situaciones de público conocimiento”, sostienen desde el Ministerio de Justicia. Con el mismo espíritu se regulará el principio de oportunidad.

Esta es la tercera vez que el Senado vota reformas al nuevo Código Procesal Penal, sancionado en 2007 y que tiene vigencia plena en toda la provincia, desde febrero de 2014. Las dos veces anteriores –2012 y 2014– los cambios fueron rechazados por la Cámara de Diputados.

El paquete de proyectos –algunos del Ejecutivo y otros de senadores– fue unificado en comisiones, en consenso con el gobierno, y la Legislatura aceleró su tratamiento tras el clamor popular por seguridad.

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