Creada por el abogado penalista Ariel García, la Asociación Sindical de Trabajadores Ex Detenidos y Detenidos de la República Argentina, aspira a nuclear a los convictos que trabajen y planea agrupar a más de 10.000. En una singular propuesta, los internos exigen el otorgamiento de un salario con un mínimo de 950 pesos mensuales.
Una nota publicada en el diario Perfil, da la curiosa noticia. Ariel García, abogado penalista y ex convicto fue el mentor de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo y tiene como objetivo próximo obtener la personería jurídica y gremial.
“El objetivo es que los presos trabajen y ganen un sueldo digno. Eso los mantendrá activos, cansados y no tendrán ganas de salir a robar”, argumentó García.
Algunos de los afiliados son “el Loco del Martillo”, liberado hace un año y medio, Carlos Caccia, condenado por participar en el secuestro del empresario textil Abraham Awada, y Adolfo Martín Parafita, el ladrón que asaltó 32 bancos bajo la modalidad exprés, por citar a los más famosos.
García explica que a los presos que trabajan en la cárcel “les dan un peculio de 4 pesos por día que no les alcanza para nada”. La idea, señala, es “que puedan vivir del trabajo que ellos mismos generan y que con su sueldo puedan mantener a sus familias y pagar a sus abogados”,
Según la Ley 24.660, de ejecución de la pena privativa de la libertad, “el trabajo constituye un derecho y un deber del interno, es una de las bases del tratamiento y tiene positiva incidencia en su formación”, y no debe imponerse como castigo.
Una nota publicada en el diario Perfil, da la curiosa noticia. Ariel García, abogado penalista y ex convicto fue el mentor de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo y tiene como objetivo próximo obtener la personería jurídica y gremial.
“El objetivo es que los presos trabajen y ganen un sueldo digno. Eso los mantendrá activos, cansados y no tendrán ganas de salir a robar”, argumentó García.
Algunos de los afiliados son “el Loco del Martillo”, liberado hace un año y medio, Carlos Caccia, condenado por participar en el secuestro del empresario textil Abraham Awada, y Adolfo Martín Parafita, el ladrón que asaltó 32 bancos bajo la modalidad exprés, por citar a los más famosos.
García explica que a los presos que trabajan en la cárcel “les dan un peculio de 4 pesos por día que no les alcanza para nada”. La idea, señala, es “que puedan vivir del trabajo que ellos mismos generan y que con su sueldo puedan mantener a sus familias y pagar a sus abogados”,
Según la Ley 24.660, de ejecución de la pena privativa de la libertad, “el trabajo constituye un derecho y un deber del interno, es una de las bases del tratamiento y tiene positiva incidencia en su formación”, y no debe imponerse como castigo.
