El gobierno provincial reglamentó la pensión para Madres de víctimas del terrorismo de Estado. En consecuencia, el beneficio establecido por la ley Nº 13.330 ya puede comenzar a tramitarse.
La ley que estableció en la provincia la pensión para Madres de víctimas del terrorismo de Estado, autoría del diputado Gerardo Rico (presidente del bloque Movimiento Evita), entró en vigencia luego de que el gobierno provincial la reglamentara a través de un decreto.
Podrán acceder a este beneficio "las personas con domicilio real en la provincia de Santa Fe sin perjuicio de que sus hijos o hijas hubieran sido secuestrados o asesinados fuera de la provincia de Santa Fe, sin considerar para esta pensión que resulten beneficiarios de una prestación actual o futura en carácter nacional, provincial o municipal, derivadas de la misma situación", según la norma.
La recepción, tramitación y otorgamiento de los beneficios reconocidos por esta ley corresponderá a la Caja de Pensiones Sociales, Ley Nº 5110.
La ley también establece que las beneficiarias "gozarán de prioridad para la asistencia médica a través de la cobertura médica asistencial integral que brinda el Instituto Provincial de Obra Social (Iapos)”.
La pensión "tendrá carácter de bien propio y personal; caduca por renuncia del titular o en caso de fallecimiento y no será asignado a persona alguna; será inembargable, y no podrá ser cedido ni transferido por ningún acto jurídico".
"Si bien es cierto que esta pensión no repara el dolor que tenemos por la desaparición injusta de nuestros hijos, sabiendo cómo murieron en los campos de tortura, por lo menos alivia la situación de algunas Madres que realmente quedaron desprotegidas. Creo que Santa Fe es la única Provincia que ha reparado a las Madres económicamente", expresó Celina Koffman al término de la reunión con el gobernador Antonio Bonfatti, quien les anunció la medida.
"Estas madres, son las que afrontando las peores condiciones dejaron sus hogares y su vida cotidiana para denunciar la desaparición de sus hijos e hijas", dijo el diputado Rico y evaluó que "con esta medida compensatoria desde el Estado provincial, no se subsanarán las ausencias, pero será el reconocimiento desde el mismo Estado, como un hecho simbólico a su inquebrantable dignidad".
Los sitios de la memoria
Además, la nueva norma provincial declara Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado a los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio o donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal desarrollada durante el terrorismo de Estado ejercido en el país hasta el 10 de diciembre de 1983.
Precisamente, en los considerandos del decreto, se expresa que "a 30 años de la recuperación de la democracia, surge necesario profundizar las tareas asumidas por el gobierno provincial en la construcción colectiva de la Memoria, la Verdad y la Justicia y en el quiebre definitivo de la impunidad".
Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos explicaron que "los sitios de memoria, con diferentes usos y significados con relación a los hechos en ellos ocurridos, constituyen valiosos testimonios de la historia de nuestro país. Señalizar y hacer visible en toda la Provincia la función que tuvieron estos lugares en el marco del plan sistemático de terror y exterminio desplegado por la última dictadura cívico - militar expresa en el espacio público la decisión del Estado democrático de dar a conocer y condenar estos hechos para que nunca más vuelvan a repetirse".
La ley que estableció en la provincia la pensión para Madres de víctimas del terrorismo de Estado, autoría del diputado Gerardo Rico (presidente del bloque Movimiento Evita), entró en vigencia luego de que el gobierno provincial la reglamentara a través de un decreto.
Podrán acceder a este beneficio "las personas con domicilio real en la provincia de Santa Fe sin perjuicio de que sus hijos o hijas hubieran sido secuestrados o asesinados fuera de la provincia de Santa Fe, sin considerar para esta pensión que resulten beneficiarios de una prestación actual o futura en carácter nacional, provincial o municipal, derivadas de la misma situación", según la norma.
La recepción, tramitación y otorgamiento de los beneficios reconocidos por esta ley corresponderá a la Caja de Pensiones Sociales, Ley Nº 5110.
La ley también establece que las beneficiarias "gozarán de prioridad para la asistencia médica a través de la cobertura médica asistencial integral que brinda el Instituto Provincial de Obra Social (Iapos)”.
La pensión "tendrá carácter de bien propio y personal; caduca por renuncia del titular o en caso de fallecimiento y no será asignado a persona alguna; será inembargable, y no podrá ser cedido ni transferido por ningún acto jurídico".
"Si bien es cierto que esta pensión no repara el dolor que tenemos por la desaparición injusta de nuestros hijos, sabiendo cómo murieron en los campos de tortura, por lo menos alivia la situación de algunas Madres que realmente quedaron desprotegidas. Creo que Santa Fe es la única Provincia que ha reparado a las Madres económicamente", expresó Celina Koffman al término de la reunión con el gobernador Antonio Bonfatti, quien les anunció la medida.
"Estas madres, son las que afrontando las peores condiciones dejaron sus hogares y su vida cotidiana para denunciar la desaparición de sus hijos e hijas", dijo el diputado Rico y evaluó que "con esta medida compensatoria desde el Estado provincial, no se subsanarán las ausencias, pero será el reconocimiento desde el mismo Estado, como un hecho simbólico a su inquebrantable dignidad".
Los sitios de la memoria
Además, la nueva norma provincial declara Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado a los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio o donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal desarrollada durante el terrorismo de Estado ejercido en el país hasta el 10 de diciembre de 1983.
Precisamente, en los considerandos del decreto, se expresa que "a 30 años de la recuperación de la democracia, surge necesario profundizar las tareas asumidas por el gobierno provincial en la construcción colectiva de la Memoria, la Verdad y la Justicia y en el quiebre definitivo de la impunidad".
Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos explicaron que "los sitios de memoria, con diferentes usos y significados con relación a los hechos en ellos ocurridos, constituyen valiosos testimonios de la historia de nuestro país. Señalizar y hacer visible en toda la Provincia la función que tuvieron estos lugares en el marco del plan sistemático de terror y exterminio desplegado por la última dictadura cívico - militar expresa en el espacio público la decisión del Estado democrático de dar a conocer y condenar estos hechos para que nunca más vuelvan a repetirse".
