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Malvinas: ordenan embargo y secuestro de buques ilegales

Una jueza federal de Río Grande dispuso una confiscación millonaria a empresas de Estados Unidos y Gran Bretaña que operan en forma irregular en las Islas. También ordenó el decomiso de barcos

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La jueza federal de Río Grande, Tierra del Fuego, Lilian Herraez, ordenó embargos por 156,4 millones de dólares, además del secuestro de barcos y otros bienes de empresas petroleras que operan ilegalmente en las Islas Malvinas. La medida judicial había sido pedida por el Ministerio Público Fiscal,  fue dada a conocer este sábado. Se dictó en el marco de la causa penal iniciada por el gobierno argentino por la exploración y explotación ilegal de hidrocarburos en la plataforma continental del país.

El sitio Fiscales informó que la magistrada también ordenó el cese inmediato de la exploración y explotación en territorio argentino, lo que se había solicitado en el requerimiento de instrucción a raíz de los graves e irreparables daños ambientales producidos por las actividades petroleras ilícitas.

La  causa empezó con el requerimiento del fiscal federal de Río Grande, Marcelo Rapoport, el fiscal general coordinador de distrito de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Adrián García Lois, y del fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella. El 21 de abril imputaron penalmente a las empresas Falkand Oil and Gas Limited (FOGL), Edison International SPA, Noble Energy Inc. y su filial Noble Energy Falkland Limited, Premier Oil plc y Rockhopper Exploration plc por la presunta comisión de "actividades ilícitas de exploración, búsqueda y eventual extracción de hidrocarburos en proximidades a las Islas Malvinas", al considerar que no cuentan "con autorización, concesión o permiso alguno otorgado por la autoridad competente argentina".

Según informó Fiscales, las medidas cautelares sobre bienes de las empresas imputadas que finalmente dispuso la magistrada fueron precisadas el 1 de junio por el fiscal del caso, Marcelo Rapoport, junto con María del Carmen Chena, titular de la Unidad de Recupero de Activos (URA) de la Procuración General de la Nación, que fue creada recientemente y colabora en la causa para asegurar y decomisar los activos ilícitos involucrados.

En el marco de este trabajo, requirieron las medidas para asegurar las multas previstas en la legislación argentina, a cuyo fin identificaron los activos de las empresas en el exterior y descubrieron que una de las principales imputadas, la firma estadounidense Noble Energy, registra una sucursal local en la Argentina, por lo que impulsaron el embargo de sus bienes.

Además, la fiscalía y la URA solicitaron el secuestro y embargo preventivo de cinco buques, una plataforma de perforación semisumergible y un dique flotante utilizados para realizar las actividades ilegales de exploración y explotación, además de cuentas bancarias de las empresas imputadas, entre otras medidas.

Por otra parte, demostraron que con motivo del anuncio de hallazgo de petróleo y gas en las Islas Malvinas realizado por la empresa FOGL el 2 de abril pasado, ésta obtuvo una importante ganancia ilícita. En efecto, el día del anuncio, el valor de las acciones de la firma en el Mercado Alternativo Bursátil de Londres (AIM) aumentó más del 34 por ciento y el volumen de transacciones negociadas más de 400 por ciento, alcanzando los mayores valores históricos de los últimos años.

Por ello, los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron el embargo preventivo de tales ganancias, identificando a ese efecto las cuentas de FOGL en el extranjero. Finalmente, pidieron a la jueza que la existencia de la causa se pusiera en conocimiento de los organismos de control bursátil de Estados Unidos (SEC, NYSE y NASDAQ), Londres (LSE y AIM), Oslo e Italia para resguardar a los inversores de las empresas que cotizan en esas plazas. La orden judicial será notificada a la Cancillería para que, por vía diplomática y en cumplimiento de los pactos de cooperación internacional en materia judicial, sea derivada para su ejecución ante los tribunales de cada país donde se encuentren radicados los activos identificados.

La jueza autorizó al Ministerio Público Fiscal a realizar medidas tendientes a poner en conocimiento de lo decidido a los organismos internacionales correspondientes para hacer efectiva algunas de estas medidas, entre otras destinadas al embargo de bienes, cuentas bancarias y acciones de estas compañías, mediante la articulación de mecanismos internacionales.

La Unidad de Recupero de Activos de la PGN que presta asistencia en esta causa fue creada en el ámbito de la Procuración General de la Nación para asistir a los fiscales en el desarrollo de una política activa orientada a detectar, cautelar, identificar y decomisar bienes y fondos provenientes de los delitos, especialmente aquellos vinculados con la criminalidad económica compleja y el crimen organizado.

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