Tres días después de las elecciones provinciales, el Ejecutivo provincial formalizó la Sindicatura General de la provincia con un decreto que recién se dio a conocer esta semana. El flamante organismo fue creado en el marco de la ley de Administración Financiera y tiene como función el control interno de la Administración pública, mientras que el Tribunal de Cuentas se encargará de la fiscalización externa.

La oposición –que tomará las riendas de la provincia a partir del 10 de diciembre –no vio con buenos ojos la puesta en marcha de un organismo de contralor a pocos días de asumir como oficialismo y tampoco coincide con los nombramientos y categorías asignadas del personal.

Así lo hizo saber el diputado provincial Raúl Lamberto, quien en diálogo con Radio 2 manifestó su total rechazo a la medida ejecutada por el gobierno de Jorge Obeid. “Este órgano no existía ni tenía estructura y lo vienen a formalizar tres días antes de las elecciones con una estructura de más de veinte cargos de alta jerarquía, con nombres que se relacionan con el gobierno provincial”, apuntó el legislador quien ya había sido la voz cantante del socialismo en cuanto a los pliegos de nombramiento del procurador y el ministro de la corte suprema y del Enress.

Lamberto dio nombres. “Los principales cargos serán ocupados por dos actuales funcionarios, uno es el actual subsecretario de Planeamiento y Control, Carlos Ronchi quien será el futuro síndico del organismo y Néstor Dona, que hoy es auditor de Planeamiento y se desenvolverá como gerente general de la Sindicatura. Ambos fueron ascendidos a la categoría nueve”, detalló.

Entre los otros nombres, que prefirió no mencionar, podría estar el de un legislador.

“Se están incorporando más de veinte personas con categorías que llegan a la octava y novena, también hay gente nueva. Se lo hace en medio de una transición, cuando se están yendo y en vez de pensar en el futuro político y el control efectivo vuelven con el viejo vicio y lo quieren transferir”, cuestionó el diputado.

“Un órgano de control al que se le dé condimento político es muy difícil que funcione y cumpla su rol de prevención”, explicó Lamberto, quien admitió que no existen vías legales capaces de impedir la asunción de los nuevos funcionarios. “Son bombas que se van arrojando en la retirada”, ironizó con respecto al gobierno justicialista que termina su gestión en diciembre de este año.

Por último, dejó un interrogante acerca del nombramiento de dos cargos vacante en el Tribunal de Cuentas. “Hace mucho que se necesitan dos hombres más en ese organismo. No me extrañaría que quieran reponerlos ahora”, remarcó.