El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, a través de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor –a cargo de María Lucila Colombo–, podrá multar o clausurar los supermercados que no respeten el congelamiento de precios a partir de la información recabada por el programa “Mirar para Cuidar”. Las penas pueden ser de hasta cinco millones de pesos.

Según publicó Infobae, la única entidad facultada para imponer sanciones sobre los comercios es la que dirige Colombo y depende de Moreno. La aclaración oficial surgió luego de que trascendiera la versión de que los mismos militantes podrían sancionar a los establecimientos que modificasen los precios de las góndolas. Sin embargo, las agrupaciones políticas sólo se encargarán de controlar que se respete la canasta de 500 productos y, llegado el caso, denunciar cualquier irregularidad al funcionario.

La reformada ley de defensa del consumidor admite dos tipos de multas: sanciones económicas desde cien hasta cinco millones de pesos; y por otro, el cierre de los locales por hasta 30 días. También contempla “el decomiso de las mercaderías y productos objeto de la infracción, la suspensión de hasta cinco años en los registros de proveedores que posibilitan contratar con el Estado y la pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare”.

En los próximos días, empezará a regir la canasta de congelados aunque por ahora sólo estarán obligados a ofrecerla los grandes supermercados. Los pequeños y medianos comercios cuentan aún con tiempo para adecuarse a la lista de exigencias.