El 23 de marzo próximo, Ana María Riveiro, Ana Galmarini, Ema Martín y Sara Coll, integrantes del Movimiento Mujeres en Lucha, deberán comparecer en un juicio oral en Mercedes, tras ser procesadas por “resistencia a la autoridad con lesiones”. La causa tiene su origen el 12 de septiembre de 2003, cuando en Chivilcoy, estas mujeres impidieron el remate de las tierras de un pequeño productor de la zona que había contraído deudas usureras.

Mujeres en Lucha defiende las tierras de los chacareros que, por su magra situación económica, recurren a créditos que luego, dada sus intereses elevados, no pueden pagar. Acostumbradas a levantar la voz y a detener el golpe del martillo en defensa de los derechos a la vivienda y al trabajo, las mujeres nunca pensaron que ese día iban sufrir la represión policial y el encierro.

Sara Coll, una de las procesadas, habló con Rosario3.com de esa jornada, que fue captada por la cámara de realizadores cordobeses que estaban produciendo un documental. “Como todos los remates, salimos a cantar el himno unas cuatro veces, no había mucha policía y ya habíamos identificado a las ligas”, dijo en referencia a un grupo de personas que suelen adquirir los inmuebles para luego venderlos por el doble de su precio.

El remate no se llevó a cabo pero las mujeres insistieron en contar con un comprobante que nunca llegó. “Aparecieron montones de policías que nosotras habíamos visto de civiles a la mañana. Empezamos a cantar el himno y a la tercera vez el juez ordena el desalojo de la sala”, detalló Coll. La represión no tardó en llegar, “a las patadas nos llevaron a la comisaría, a nosotras y a todos los que estaban apoyando”, continuó.

Lo que quedó del día lo pasaron encerrados e incomunicados y a la noche fueron trasladados al Tribunal de Mercedes, donde de acuerdo a la militante, se multiplicaron los maltratos psíquicos. Finalmente fueron liberados y tres años transcurrieron sin novedades del caso.

Un comunicado jamás esperado

En noviembre pasado recibieron con sorpresa las citaciones a comparecer a la Justicia por una causa caratulada como “resistencia a la autoridad con lesiones”. “Fuimos y nos ofrecieron arreglar con una probation –cumplir una condena a través de acciones comunitarias- pero nos negamos y nuestros abogados ofrecieron una mediación que no fue aceptada”, siguió Coll.

“Juntamos tantas firmas como pudimos y sinceramente pensamos que no iba a suceder pero nos llegó la citación a juicio oral el 23 de marzo. Presentamos el material grabado por los documentalistas como prueba a la fiscalía”, aseguró. “Lo bueno es que el dueño no fue desalojado y suponemos que esto tiene una relación con nuestra situación. Pero si el juicio no nos es favorable tendríamos una pena de un mes a dos años de prisión”, finalizó.