El juez Carlos Rozanski, presidente del tribunal que condenó al genocida Miguel Etchecolatz, afirmó que ni las amenazas recibidas por él mismo y algunos colegas y fiscales, ni la desaparición del testigo Jorge López pueden detener ya los juicios por los crímenes de la última dictadura, según declaraciones publicadas hoy.
"El Estado Argentino y la sociedad civil permitieron que se iniciaran los juicios. Y eso es irreversible", dijo el presidente del Tribunal Oral Federal 1 al diario Página 12.
El magistrado, de 55 años, opinó que la desaparición de López, antigua víctima de Etchecolatz y uno de los testigos en el juicio que lo condenó, no afectará los siguientes procesos por terrorismo de estado.
"El caso es extraordinariamente grave, pero por más tristeza que nos produzca, no altera el avance de los juicios", afirmó.
El juez explicó que el eventual desenlace del caso López no puede modificar el proceso de enjuiciamiento de criminales, porque es el contexto político el que lo impulsa.
"No se podría haber hecho este juicio si la República Argentina no hubiera estado en condiciones. Es la suma de una historia. Y esto no se modifica con amenazas", razonó.
"Es lo que vemos en las reacciones en la calle, en las marchas, en los pronunciamientos institucionales de la Corte Suprema, del Ejecutivo y el Legislativo. La respuesta ha sido
inmediata", subrayó.
Rozanski admitió que "las medidas futuras con los testigos son uno de los desafíos en esta etapa; hay que definir cómo se protege a los testigos, que no las puede determinar un policía, un abogado o un juez independiente".
El magistrado aprobó que el Ministerio del Interior y la Procuración estén elaborando una lista de los testigos para asignarles custodia, porque eso "marca una preocupación genuina de los poderes del Estado".
"Pero sería interesante que esto se viera en una perspectiva que no se tiene cuando se habla de un testigo tradicional. Tiene características especiales, que las tiene que definir un equipo desde distintas disciplinas", opinó.
"El Estado Argentino y la sociedad civil permitieron que se iniciaran los juicios. Y eso es irreversible", dijo el presidente del Tribunal Oral Federal 1 al diario Página 12.
El magistrado, de 55 años, opinó que la desaparición de López, antigua víctima de Etchecolatz y uno de los testigos en el juicio que lo condenó, no afectará los siguientes procesos por terrorismo de estado.
"El caso es extraordinariamente grave, pero por más tristeza que nos produzca, no altera el avance de los juicios", afirmó.
El juez explicó que el eventual desenlace del caso López no puede modificar el proceso de enjuiciamiento de criminales, porque es el contexto político el que lo impulsa.
"No se podría haber hecho este juicio si la República Argentina no hubiera estado en condiciones. Es la suma de una historia. Y esto no se modifica con amenazas", razonó.
"Es lo que vemos en las reacciones en la calle, en las marchas, en los pronunciamientos institucionales de la Corte Suprema, del Ejecutivo y el Legislativo. La respuesta ha sido
inmediata", subrayó.
Rozanski admitió que "las medidas futuras con los testigos son uno de los desafíos en esta etapa; hay que definir cómo se protege a los testigos, que no las puede determinar un policía, un abogado o un juez independiente".
El magistrado aprobó que el Ministerio del Interior y la Procuración estén elaborando una lista de los testigos para asignarles custodia, porque eso "marca una preocupación genuina de los poderes del Estado".
"Pero sería interesante que esto se viera en una perspectiva que no se tiene cuando se habla de un testigo tradicional. Tiene características especiales, que las tiene que definir un equipo desde distintas disciplinas", opinó.
