Ricardo Robins

A las 12 en punto una bomba de estruendo sacudió la paz del recinto del Concejo. Los ediles Miguel Zamarini y Norma López se miraron entre sí y Roberto Sukerman puso en palabras lo que todos pensaron: "Ya llegaron". Un sector de los titulares de taxis que marchó este jueves en contra de la ordenanza que aumenta la tarifa un 47 por ciento y a la vez endurece los controles al servicio anunciaron de esa forma su arribo. Casi cinco horas después, tras intensas negociaciones y duros cruces que se dieron en el debate entre los ediles, se aprobó la iniciativa. El texto no incluyó extender el adicional nocturno por lo que los choferes lanzaron un paro a realizar la semana que viene, sólo entre las 22 y las 6 de lunes a miércoles. El tema se seguirá en una mesa de estudio con todos los actores invitados la semana que viene.

El aumento de la tarifa aprobado por amplia mayoría (16 votos a favor y 4 en contra, tres de ellos del PRO) será en dos tramos. Un 30 por ciento ahora (se ejecutaría la semana que viene) y un 14 adicional el 1º de noviembre. De esa manera, la bajada de bandera pasará a costar en los próximos días 7,30 pesos y la ficha (cien metros o minuto de espera) 0,36.

El segundo escalón ascenderá a 8,20 y 0,42, respectivamente. Lo que ubicará a la tarifa del servicio en ciudad entre las más caras del país y al nivel de Capital Federal. Algo que fue destacado por los concejales como lo que debería ser el fin de las excusas del municipio para mejorar todo el sistema, al que coincidieron en calificar de "deficitario" en la actualidad.

Pero no todo fue armonía en el recinto: Roy López Molina anticipó que el PRO votaba en contra porque los ediles no son "tecnócratas" que deben aplicar las subas sugeridas por el estudio de costos. Eso calentó la sesión y lo cruzaron duro Osvaldo Miatello, Roberto Sukerman y Héctor Cavallero. Hasta Laura Weskamp, del mismo bloque, se apartó de esa postura y votó a favor de la suba, en una sesión caliente.

La suba también alcanza a los remises: la bajada de bandera subirá a 11,45 pesos y 0,45 la ficha y después a 12,94 y 0,51, respectivamente.

Este punto, pese a que es el de mayor interés entre los usuarios, no es la fuente de los numerosos conflictos que hay en torno al tema. Los titulares de chapas y conductores que se manifestaron en la puerta del Concejo casi dos horas y cuyos representantes fueron recibidos por ediles repudiaron la obligatoriedad de instalar GPS, que calificaron de "negocio millonario a favor de privados", y el regimen de sanciones por infracciones. Sin embargo, los ediles agregaron a la ordenanza que el Estado deberá ofrecer un servicio de monitoreo propio para evitar la dependencia con empresas privadas.

Por otro lado, el Sindicato de Peones lanzó una medida de fuerza que afectará el servicio nocturno lunes, martes y miércoles. Reclaman que el plus de 12 por ciento que se cobra sólo los fines de semana se extienda a todos los días.

Ni la marcha de los titulares que culminó con una reunión dentro del Palacio Vasallo al mediodía, ni el paro lanzado por los choferes cambió los planes del Concejo. La ordenanza se aprobó como se había acordado el lunes, aunque los ediles se comprometieron a convocar el lunes a una mesa oficial con todos los sectores para discutir esos puntos pendientes.

¿Habrá GPS estatal?

Los entre 70 y 80 manifestantes que fueron hasta al Concejo este jueves responden al Sindicato de Conductores de Taxis que lidera Francisco Pancho Baez. Fueron apoyados además por la federación nacional, por lo que había frente al Palacio Vasallo, taxistas de otros lugares como San Nicolás o La Plata. Ese grupo representa al sector que aún no incorporó el GPS. De la flota de 3600, unos 3100 ya lo tienen incorporado. Arrojaron varias bombas de estruendo y llevaron un altoparlante con un particular audio.

El reclamo puntual era que la obligatoriedad de conectar GPS al coche mediante una empresa privadad es un negociado. "El equipo sale tres mil pesos y después hay que pagar 600 pesos por mes de monitoreo. Multiplicado por 3.600 taxis y 700 remises da un negocio de 2,5 millones de pesos para tres empresas", dijo a Rosario3.com José González, tesorero del sindicato.

La bronca de los tacheros fue aplacada después de una reunión en la Sala de Acuerdos del Concejo. Dos promesas fueron la clave: en primer lugar se incorporó que el taxista podrá optar por ser monitoreado por el Estado, sin tener que dar sus datos a una firma privada. Claro que para eso hace falta que el Ejecutivo monte una estructura y en principio no lo cobre a los titulares como hacen los privados. El segundo ítem fue flexibilizar las sanciones que implican una quita de licencias.

Por lo pronto, se creó el Sistema de Gestión de Datos (SGD) municipal que recibirá la información de los GPS de todos los taxistas, enlazados a radiotaxis o no.