El reclamo de Ana María Romero, la madre que pidió ayuda para que su hijo de 14 años pueda salir de la delincuencia y el consumo de drogas, desnudó la ausencia del Estado en políticas de prevención de adicciones y contención para evitar que los menores se conviertan en delicuentes.

 

En este sentido, Antonio Tesolini, miembro de la Cordinadora de Trabajo Carcelario (CTC), aseguró a Radio 2 que “el problema es que no existen políticas dirigidas hacia la niñez que aborden al cuestión de los chicos en general y no sólo los que están en conflicto con la ley penal”.

 

En paralelo al caso rosarino, hoy se conocieron las cifras de la cantidad de menores privados de la libertad en institutos y hogares de todo el país. Según el relevamiento de Unicef y la secretaría de Derechos Humanos de la Nación por lo menos hay 19.579 chicos en esa situación en la Argentina.

 

De ese total, sólo el 15 por ciento tuvo algún problema con la ley, ya que la mayoría (el 85 por ciento) está ahí por cuestiones asistenciales o sociales como violencia familiar, pobreza, abandono, adicciones. En Santa Fe hay 2.878 chicos y chicas en esa última situación.

 

Para Tesolini, la situación se agrava mucho más si se tiene en cuenta las condiciones en que esos menores se encuentran alojados en las instituciones. “Sin ir más lejos el CAT (Centro de Alojamiento Transitorio) no está apto por sus condiciones edilicias para esos fines y además se tiene que repensar el traspaso de la custodia de esos chicos al personal del Servicio Penitenciario”, opinó.

 

De las causas principales por las cuáles lo menores terminan internados en esas instituciones sobresale la problemática del consumo de drogas. “Los chicos son depositados en condiciones infrahumanas, no hay educación, no hay salud. Por lo tanto, un chico ahí no puede hacer algo muy distinto a lo que hacía antes”.