Se sabe que el aumento del boleto es una medida antipopular y que algún costo político la Municipalidad debía pagar. Pero difícilmente desde el Palacio de los Leones se esperaban tantos dolores de cabeza. Desde todos los sectores (usuarios, organizaciones barriales, legisladores de la oposición y hasta los taxistas) se atacó la decisión de incrementar un 26 por ciento la tarifa del transporte urbano de pasajeros. Pero la que hizo tambalear esa medida fue una abogada particular y usuaria del servicio que cuestionó la forma en que se definió el aumento (fue el Ejecutivo con el poder que le delegó el Concejo) y que la Justicia hizo lugar a su reclamo. Ese fallo que se conoció este jueves amenazó con suspender la medida, pero la Municipalidad aclaró que no habrá marcha atrás y el nuevo precio quedó en pie.

"A partir de mañana rige la nueva tarifa del boleto", aseguró la secretaria de Servicios Públicos, Clara García, y puso fin a un largo debate que comenzó cuando la jueza Graciela Irma Abraham aceptó el pedido de la abogada rosarina María Laura Maenza que pidió declarar nulo el aumento, por considerar ilegítimo el mecanismo por el que se determinó la suba en el precio. Sin embargo, el subsecretario Legal y Técnico municipal, Dalmacio Chavarri, aclaró que la resolución no detiene el aumento sino que le da un plazo de diez días para responder sobre la forma en que se realizó el aumento.

Chavarri aseguró que la jueza a cargo de la causa, Abraham, "no se pronunció sobre la cuestión de fondo" y señaló que la medida cautelar no es automática por lo que el gobierno local podría avanzar con el aumento. Desde el juzgado, coincidieron con ese diagnóstico y señalaron que aplicar o no la medida dependía de la Municipalidad.

“Todo el sistema está preparado (para el aumento) por eso se trata de una imposibilidad técnica como para volver todo marcha atrás”, dijo el abogado a Radio 2 este jueves a la tarde, y sintetizó: “Resulta de imposible cumplimiento”.

Por su parte, la querellante Maenza interpretó el fallo de otra forma. “El ejecutivo municipal recibió el pedido de informe por lo que queda establecida la cautelar automática, es decir tiene que mantener la situación vigente o suspender todos los efectos de los actos impugnados por lo que entiendo que no debería aumentar el boleto esta noche”, explicó.

“Durante el transcurso de hoy, estimo que no habrá novedades. La gente no debería pagar el aumento porque el intendente ha recibido el pedido de informe y opera la cautelar automática”, aclaró Maenza quien advirtió que si no se cumple y el boleto se eleva a un peso veinte, el ejecutivo municipal incurriría en una falta de responsabilidad penal.

Quien podría definir la balanza hacia uno u otra lado es la jueza que dictó la resolución, sin embargo hasta este jueves a la tarde había omitida hacer declaraciones públicas. De todas formas, desde el juzgado deslizaron que la medida cautelar no es de aplicación automática por lo que el aumento quedaría en manos del municipio, que ya aclaró que no dará marcha atrás. 

La resolución

Aunque Tribunales está de feria, el juzgado en turno –a cargo de la jueza Abraham– hizo lugar a la presentación y dio curso a la demanda, presentada a última hora del miércoles.

Ahora la Municipalidad deberá salir a responder sobre la decisión, explicarle a la jueza los motivos del aumento. Si se hace valer un artículo específico de la ley 10.000 de intereses difusos, el aumento podría no aplicarse a partir de la medianoche, como está planeado: a esa hora, subir al colectivo costaría 1,20 en vez de los actuales 95 centavos. Pero fuentes del municipio confirmaron que apelará a otro punto de ese mismo artículo, que hace referencia a la "dispensa" y que permitiría seguir adelante si no se considera que haya perjuicio en la decisión (en este caso, de aumentar el precio del boleto).

"El Concejo tiene la potestad sobe la facultad de regular la tarifa del transporte público, todo decreto del ejecutivo que disponga aumento es nulo", evaluó María Laura Maenza, quien impulsa la demanda en Tribunales. En diálogo con Radio 2, recordó que "hay ediles de la oposición que en reiteradas oportunidades manifestaron que esta facultad es indelegable y contraria a normativa legal".

Maenza aseguró que "conseguir la normativa a impugnar fue difícil, porque estaba guardada bajo siete candados". Y sostuvo que ni siquiera las autoridades del Ente del Transporte pudieron tener acceso a estudios de costo. "Yo tampoco pude acceder", lamentó.

No es la primera vez que la abogada realiza una presentación judicial vinculada al transporte público. Maenza impulsó también otra causa contra el municipio en febrero del año pasado. En aquel entonces, el objetivo era obligar a que se cumplieran frecuencias, cuestiones básicas de seguridad e higiene en el sistema. En octubre, hubo un fallo favorable. "El municipio dijo que iba a cumplir pero la apeló, así que el trámite continúa", explicó la mujer.