El gobierno nacional oficializó este lunes su decisión de desclasificar los documentos secretos vinculados a la guerra de Malvinas, anunciada el pasado 2 de abril por la presidenta de la Nación, en el marco del acto por el 33° aniversario del conflicto bélico.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través del decreto 503 y lleva la firma de la primera mandataria, Cristina Fernández de Kirchner, del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; y del ministro de Defensa, Agustín Rossi.
“Relévase de la clasificación de seguridad, establecida conforme a las disposiciones de la Ley
N° 25.520 y su modificatoria, a toda aquella documentación, de carácter no público, vinculada al desarrollo del conflicto bélico del Atlántico Sur obrante en los archivos de las Fuerzas Armadas”, ordena la norma en su artículo 1°.
Luego, para “aquellos documentos donde se encuentre información de carácter sensible, de acuerdo a la Ley N° 25.326”, se dispone “su acceso previa acreditación del interés legítimo y bajo acuerdo expreso de responsabilidad por la utilización de la información”.
Finalmente, el decreto otorga “un plazo de 30 días hábiles al Ministerio de Defensa para disponer a la consulta pública los registros de la totalidad de los documentos obrantes en los archivos de las Fuerzas Armadas y su modalidad de consulta”.
En los considerandos se destaca que “desde el actual Estado democrático y republicano corresponde relevar el secreto y la confidencialidad de la información y documentación que pueda favorecer el conocimiento integral de los hechos vinculados al conflicto bélico del Atlántico Sur”.
El ministro de Defensa, Agustín Rossi, consideró que la medida “puede ser de vital importancia” para la presentación que ex combatientes planean realizar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Muchos documentos tienen que ver con testimonios de ex combatientes en los que relatan situaciones de violaciones a los derechos humanos, que pueden ser de vital importancia, sobre todo ahora que ex combatientes visualizan la posibilidad de recurrir a la CIDH”, aseveró Rossi.
