Un juzgado porteño dispuso el remate de un pueblo de la provincia de Córdoba, debido a las deudas que el dueño de las tierras mantiene con un banco privado. El juez en lo Civil Carlos Molina fijó el martes 18 de diciembre como la fecha en la que se llevará adelante el remate del pueblito llamado Oliares de San Nicolás, ubicado a 14 kilómetros de la localidad cordobesa de Cruz del Eje.
En el lugar viven cerca de 800 personas en 150 viviendas, que están emplazadas en una fracción de campo de 2.216 hectáreas.
Al disponer el remate, el juez Molina rechazó la medida cautelar interpuesta por el jefe comunal de la pequeña localidad cordobesa, decisión que ya fue apelada ante la Cámara Civil.
Los habitantes del lugar pidieron el deslinde de la fracción donde se encuentra asentado el pueblo, unas 20 hectáreas, para que esa superficie pueda quedar excluida del remate.
Incluso ofrecieron pagar al contado el valor de esas hectáreas al precio tasado por el acreedor, para evitar el remate de esa porción, pero esa petición fue negada.
Según explicó el abogado Eduardo De Luca, quien representa a varios habitantes del pueblo, la medida apunta a frenar el remate en base a "la inmanencia del Estado y la imposibilidad del Poder Judicial de disponer de bienes del Estado".
"Los habitantes han invocado derechos posesorios anteriores al crédito del acreedor hipotecario, diferentes tratados internacionales sobre derechos humanos y la Convención de los Derechos del Niño, a los cuales nuestro país ha adherido e incorporado en la Constitución Nacional", indicó el abogado.
Los terrenos no están parcelados ni escriturados a nombre de sus habitantes sino que pertenecen al propietario del olivar.
Esta persona "ofreció abonar la deuda en el mes de marzo de 2008 con el producido de la cosecha" al acreedor, que es un banco privado de capitales internacionales.
En el lugar viven cerca de 800 personas en 150 viviendas, que están emplazadas en una fracción de campo de 2.216 hectáreas.
Al disponer el remate, el juez Molina rechazó la medida cautelar interpuesta por el jefe comunal de la pequeña localidad cordobesa, decisión que ya fue apelada ante la Cámara Civil.
Los habitantes del lugar pidieron el deslinde de la fracción donde se encuentra asentado el pueblo, unas 20 hectáreas, para que esa superficie pueda quedar excluida del remate.
Incluso ofrecieron pagar al contado el valor de esas hectáreas al precio tasado por el acreedor, para evitar el remate de esa porción, pero esa petición fue negada.
Según explicó el abogado Eduardo De Luca, quien representa a varios habitantes del pueblo, la medida apunta a frenar el remate en base a "la inmanencia del Estado y la imposibilidad del Poder Judicial de disponer de bienes del Estado".
"Los habitantes han invocado derechos posesorios anteriores al crédito del acreedor hipotecario, diferentes tratados internacionales sobre derechos humanos y la Convención de los Derechos del Niño, a los cuales nuestro país ha adherido e incorporado en la Constitución Nacional", indicó el abogado.
Los terrenos no están parcelados ni escriturados a nombre de sus habitantes sino que pertenecen al propietario del olivar.
Esta persona "ofreció abonar la deuda en el mes de marzo de 2008 con el producido de la cosecha" al acreedor, que es un banco privado de capitales internacionales.
