Irma fue operada de cáncer de tiroides en el Sanatorio Plaza, en marzo de este año. Desde entonces, debía recibir un tratamiento que "ayuda a evitar que la enfermedad se propague, por lo cual es imprescindible que se lo comiencen a hacer cuanto antes", según explicó Cristina, su hija. El tratamiento yodoradioactivo está destinado a cumplir con ese objetivo y debían practicárselo, según prescripción médica en el mismo sanatorio donde fue operada. Allí, Cristina intentó sin suerte que recibieran a su madre para efectuarle la práctica consistente en una aplicación de yodo cuyo costo asciende a 500 pesos. En el sanatorio le explicaron que el contrato de la obra social con ellos estaba rescindido y que no podían hacerse cargo de ese tratamiento. Cristina volvió al Pami II y fue derivada, esta vez al sanatorio Cruz Azul, donde recibió una respuesta más desafortunada todavía: "No podemos hacerlo porque no tenemos yodo. Nos lo tiene que proveer el Pami". Con esa contestación por escrito, Cristina –que no tiene recursos para pagar la prestación– regresó al Pami II y consiguió que la recibiera el auditor quien le prometió que encontrarán un nuevo prestador. Ella no quiere que su madre espere más, el tratamiento lleva tres meses de postergación y mañana recurrirá a la Justicia. Presentará un recurso de amparo para que el Pami afronte cuanto antes la práctica y, a su vez, se haga responsable de las consecuencias de sus reiteradas dilaciones e incumplimientos.