El Tribunal Arbitral del Mercosur fue escenario este miércoles de acusaciones cruzadas entre Argentina y Uruguay. El tema no podía ser otro sino las papeleras. 

En ese marco, la Argentina hizo una firme defensa de la actuación del gobierno de Néstor Kirchner durante los cortes de rutas binacionales por el conflicto de las pasteras de Fray Bentos, en tanto el Uruguay renovó sus cuestionamientos sobre esa postura.

Los seis testigos presentados por la Argentina, sobre la base de estadísticas, documentos y experiencias, reforzaron el rechazo oficial a la demanda uruguaya sobre que el gobierno nacional incurrió en "omisión" frente a los cortes, en torno de lo cual debe laudar el Tribunal ad hoc del Mercosur.

Por su parte, los testigos uruguayos hicieron eje en que "la libre circulación de bienes" -reflejada en el artículo 1 del Tratado de Asunción, fundacional del Mercosur- se vio "seriamente afectada" por los cortes de Entre Ríos y cargaron desde diferentes aristas sobre una presunta "responsabilidad" del Estado argentino. 

Este jueves, en la segunda y última jornada de sesiones en el edificio del Mercosur, será el tiempo de los alegatos que harán las respectivas representaciones y luego, el Tribunal tendrá tiempo hasta el 7 de setiembre próximo para laudar.

El triunvirato arbitral encabezado por el abogado español Luis Martí Mingarro -secundado por el argentino Carlos Barreira y el uruguayo José María Gamio- condujo la sesión que además de las exposiciones contó con series de preguntas y respuestas pre establecidas y espontáneas.

El contrapunto entre testigos dejó en evidencia el punto crítico en que se encuentra el pleito binacional generado por la instalación sobre márgenes del río Uruguay, en la ciudad de Fray Bentos, de dos pasteras proyectadas por las compañías Botnia y Ence.

De hecho, el cúmulo de datos proporcionados por los testigos argentinos se basaron en estadísticas propias, pero también de organismos oficiales del Uruguay y que reflejan, por ejemplo, que en el lapso de los cortes "mejoraron los niveles turísticos y comerciales" en el vínculo bilateral.

Si bien este aspecto no constituye el centro de la demanda del Uruguay, refleja que el argumento expuesto por los testigos locales carece del sustento que podría inclinar la balanza del Tribunal al momento de exponer el laudo. 

Los testigos argentinos graficaron estas mejoras y, por ejemplo, dieron detalles sobre la actuación que le cupo a la dirección general de Aduanas para "garantizar la fluida circulación" entre países. 

Por Argentina testimoniaron Ricardo Echegaray (director general de Aduanas), Dante Sica (economista y consultor), Jorge Campaña (asambleísta de Gualeguaychú), Raúl Cuence (presidente de la Comisión Sindical del Transporte del Mercosur), Aníbal Oszust (Cámara de Transportistas) y Alejandro García (responsable de
Relaciones Internacionales de la secretaría de Turismo). 

La delegación argentina encabezada por los especialistas Juan Vicente Sola y Nora Capello siguieron con especial atención el desempeño del presidente del Tribunal, que surgió por propuesta del Uruguay en un cuestionado sorteo realizado en esta ciudad. 

Por otra parte, cuando la Argentina presentó una impugnación -no tenida en cuenta- sobre Martí Mingarro, incluyó el hecho de que es español, nacionalidad que corresponde a la compañía Ence. 

Como precedente de un arbitraje del abogado español en un pleito argentino-uruguayo, se recuerda que en su laudo del 23 de enero de 2001 se inclinó por el vecino país y forzó a que la Argentina de marcha atrás en las restricciones que aplicó al ingreso de bicicletas.

La sesión transcurrió en un clima de formalidad y bajo el cumplimiento de las precisas normativas establecidas por el reglamento del Tribunal, que se constituye a los efectos de diferendos.

Fuente: Télam