El Tribunal Arbitral del Mercosur iniciará hoy en Montevideo, con una ronda de testigos, el tratamiento de la demanda presentada por Uruguay contra la Argentina por los cortes de rutas binacionales durante las protestas por la instalación de las pasteras en Fray Bentos.

El Tribunal, un estamento ad hoc integrado por un miembro argentino, uno uruguayo y uno español, recibirá en el edificio del Mercosur los testimonios de seis testigos presentados por la Argentina y diez del Uruguay.

El cuerpo de árbitros tendrá hasta el 7 de septiembre próximo la posibilidad de emitir un laudo entre ambos países, que luego podrá ser apelado en la instancia superior, que es el Tribunal Permanente de Revisión, con sede en Asunción del Paraguay.

De hecho, la representación argentina no dudará en apelar al Tribunal de Asunción llegado el caso, pues tiene serios reparos sobre el árbitro principal que tendrá que laudar, el español Luis Martí Mingarro.

La Argentina impugnó a Martí Mingarro a poco de resultar sorteado para ocupar un lugar en el Tribunal Arbitral, pero la presentación no fue considerada por el hecho de que trámites de este tipo sólo son considerados una vez que el laudo se haya consumado.

La impugnación argentina fue sustentada en vicios en el procedimiento del sorteo y su nacionalidad, que coincide con la de la compañía pastera Ence, una de las que construye una planta en Fray Bentos.

La delegación argentina estará encabezada por los funcionarios de la Cancillería Juan Vicente Sola y Nora Capello, y contará también con dos representantes de Entre Ríos, la Fiscal de Estado provincial, Claudia Mizawak, y su adjunta, Rosa Alvez Pinheiro.

El desarrollo de las audiencias será a puertas cerradas, en tanto que las identidades de los testigos no podrán ser reveladas hasta tanto no cumplan con el Tribunal, según el reglamento del cuerpo.

Los testigos responderán a una serie de preguntas pre establecidas, pero también es posible que deban enfrentar otras ocasionales, originadas en cualquiera de las delegaciones o en el propio Tribunal.

La acusación uruguaya asevera que hubo omisión del Estado argentino frente a los cortes de rutas, pero no incluye los presuntos daños económicos que desde el gobierno de Tabaré Vázquez se asegura que sufrieron por la actitud de los asambleístas de Gualeguaychú.

Uruguay pretende encuadrar su acusación en los parámetros contemplados en el Sistema de Controversias del Mercosur, que sólo atiende temas referidos a gobiernos.

La Argentina rechaza de plano la figura de omisión y para esto demostrará que el propio presidente Néstor Kirchner fomentó el levantamiento de los cortes y, a la postre, el gobierno argentino llegó a ese resultado por medio de la disuasión, precisaron las fuentes.

El laudo del Tribunal tendrá carácter declarativo, pero con formato vinculante, según el reglamento vigente. En los últimos años se produjeron diferentes laudos tribunalicios entre la Argentina y el Uruguay, entre los que se recuerdan uno de septiembre de 2001 y otro del año pasado, por disputas de importación y exportación de bicicletas y neumáticos, respectivamente.

Para el caso de que el Tribunal laudase favorablemente al Uruguay, culpando a la Argentina de omisión, el gobierno de ese país quedaría en sólidas condiciones para recurrir a una nueva instancia judicial para reclamar compensación económica por los efectos de los cortes.

Acompañarán a Martí Mingarro en el cuerpo arbitral el argentino Carlos Barreira y el uruguayo José María Gamio. El equipo técnico de la Cancillería está convencido de haber reunido los elementos objetivos para contrarrestar la ponencia uruguaya y para esto, exhibirá un documento de 135 páginas más anexos con pruebas.

En el cúmulo de pruebas quedará constancia, según las fuentes oficiales, que en el lapso de vigencia de los cortes "crecieron tanto la actividad comercial como la turística" entre la Argentina y el Uruguay, en sentido contrario al planteo del vecino país.