Luego de que varias familias solidarias denunciaran
“irregularidades, negligencias y omisiones” de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, en relación con los menores en riesgo, la dependencia respondió a las acusaciones recibidas y aclaró cuáles son los parámetros legales con los que trabajan.
Para el subsecretario del Área, Cristian Allende, “es injusto que tomen estado público sólo los casos conflictivos, ya que del total de 55 familias solidarias con que trabaja el Programa actualmente, sólo 3 ó 4 se manifestaron disconformes con su funcionamiento.
Contrario a lo afirmado por estas familias y por la Defensoría Provincial de Niños, Niñas y Adolescentes de Santa Fe, que señaló “importantes omisiones y conductas negligentes de la Dirección Provincial de Niñez”, Allende aseguró a Rosario3.com, que están en condiciones de probar, a través de los legajos de los niños, “que se realizaron entrevistas y llamadas telefónicas períodicas para conocer la situación de cada menor”, y aclaró que, si bien desde marzo último los equipos de trabajo con que cuentan fueron fortalecidos, “siempre se necesitan más profesionales para responder a la creciente demanda”.
Las prioridades según la legislación
En mayo de 2010, el gobierno provincial reglamentó la Ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes, que brinda un amplio marco de derechos para la franja de población comprendida entre 0 y 18 años –y según explicó el funcionario– en esa norma queda claramente establecido cuáles son las prioridades a la hora de resolver la situación de los menores.
“Luego de que el niño o niña fue retirado de su hogar para rescatarlo de una situación de vulnerabilidad extrema, lo primero que debemos intentar –una vez resuelta la situación que motivó la medida– es la revinculación con su familia biológica. Si por alguna razón esto no es posible, el paso siguiente es procurar vincuarlo con su familia ampliada (tíos, primos, abuelos, etc.); y sólo cuando estas dos instancias han fracasado, la ley indica que se debe declarar al menor en estado de adoptabilidad”, explicó el funcionario en respuesta a las objeciones efectuadas por las familias solidarias según las cuales “la revinculación familiar se realiza de modo forzado, sin tener en cuenta el bienestar de los niños”.
“Ése es el paradigma de la protección integral de los derechos del niño al que tenemos que apuntar con la resolución de cada caso, y tenemos que poner toda la fuerza en la revinculación del menor con su familia, aún cuando su situación económica y social no sea la mejor”, afirmó el subsecretario y explicó que “por esa razón el Estado debe acompañarlos y garantizarles los ingresos necesarios para que puedan quedarse con los chicos. Sacarles los niños porque no tienen con qué mantenerlos sería castigarlos”, afirmó.
En relación con el reclamo permanente de las familias que quieren adoptar y llevan años esperando sin conseguirlo, Allende precisó que “de la cifra aproximada de 200 chicos que están institucionalizados en la zona de Rosario, 70 van a ser declarados en estado de adoptabilidad. Esto demuestra que no todos los casos se recuelven mediante la revinculación familiar”, concluyó.
Para el subsecretario del Área, Cristian Allende, “es injusto que tomen estado público sólo los casos conflictivos, ya que del total de 55 familias solidarias con que trabaja el Programa actualmente, sólo 3 ó 4 se manifestaron disconformes con su funcionamiento.
Contrario a lo afirmado por estas familias y por la Defensoría Provincial de Niños, Niñas y Adolescentes de Santa Fe, que señaló “importantes omisiones y conductas negligentes de la Dirección Provincial de Niñez”, Allende aseguró a Rosario3.com, que están en condiciones de probar, a través de los legajos de los niños, “que se realizaron entrevistas y llamadas telefónicas períodicas para conocer la situación de cada menor”, y aclaró que, si bien desde marzo último los equipos de trabajo con que cuentan fueron fortalecidos, “siempre se necesitan más profesionales para responder a la creciente demanda”.
Las prioridades según la legislación
En mayo de 2010, el gobierno provincial reglamentó la Ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes, que brinda un amplio marco de derechos para la franja de población comprendida entre 0 y 18 años –y según explicó el funcionario– en esa norma queda claramente establecido cuáles son las prioridades a la hora de resolver la situación de los menores.
“Luego de que el niño o niña fue retirado de su hogar para rescatarlo de una situación de vulnerabilidad extrema, lo primero que debemos intentar –una vez resuelta la situación que motivó la medida– es la revinculación con su familia biológica. Si por alguna razón esto no es posible, el paso siguiente es procurar vincuarlo con su familia ampliada (tíos, primos, abuelos, etc.); y sólo cuando estas dos instancias han fracasado, la ley indica que se debe declarar al menor en estado de adoptabilidad”, explicó el funcionario en respuesta a las objeciones efectuadas por las familias solidarias según las cuales “la revinculación familiar se realiza de modo forzado, sin tener en cuenta el bienestar de los niños”.
“Ése es el paradigma de la protección integral de los derechos del niño al que tenemos que apuntar con la resolución de cada caso, y tenemos que poner toda la fuerza en la revinculación del menor con su familia, aún cuando su situación económica y social no sea la mejor”, afirmó el subsecretario y explicó que “por esa razón el Estado debe acompañarlos y garantizarles los ingresos necesarios para que puedan quedarse con los chicos. Sacarles los niños porque no tienen con qué mantenerlos sería castigarlos”, afirmó.
En relación con el reclamo permanente de las familias que quieren adoptar y llevan años esperando sin conseguirlo, Allende precisó que “de la cifra aproximada de 200 chicos que están institucionalizados en la zona de Rosario, 70 van a ser declarados en estado de adoptabilidad. Esto demuestra que no todos los casos se recuelven mediante la revinculación familiar”, concluyó.
