La disputa por la expropiación del edificio de Córdoba y Moreno, donde actualmente funciona el bar temático Rock&Fellers, no preocupa a las autoridades municipales. Según expresó Dalmasio Chavarri, subsecretario legal de la Municipalidad, “para el 2 de enero los propietarios de la franquicia, inquilinos del inmueble, deberán desalojar el lugar”. Es que de acuerdo a un convenio que se firmó el 22 de abril de 2002 entre el propietario, la Municipalidad y los inquilinos, éstos últimos reconocen que la fecha de finalización del contrato de alquiler vencía el 31 de mayo de 2003. “Por lo tanto si la franquicia todavía sigue ahí no es un tema de nuestra competencia, sino que tiene que ver con una decisión del propietario del inmueble”, expresó Chavarri. Recién en 2004 el Ejecutivo local decidió negociar la expropiación de la antigua casona, y ahí se le propuso al dueño del edificio de Córdoba y Moreno –que fue sede del II Cuerpo del Ejército y donde se piensa instalar el Museo de la Memoria– el pago de la suma de 2.800.000 pesos en 24 cuotas. El municipio efectuó el último pago hace unos días por lo que ya está en condiciones de tomar posesión del inmueble aunque no lo hará, según estableció el subsecretario legal “en forma física antes del 2 de enero”. “Pero para que el desalojo no sea traumático para los inquilinos ni afecte a los empelados del lugar en tanto pierden su fuente de trabajo, desde hace tiempo estamos dialogando con la empresa para ver la mejor manera de desocupar el edificio”, añadió Chavarri. En este sentido, desde la Municipalidad está previsto a partir de ahora enviar al grupo de arquitectos que estará abocado a la tarea de la remodelación del edificio y de la construcción del Museo de la Memoria a inspeccionar el interior del local pero la mudanza se prevé para el 2 de enero de 2007. Consultado acerca de la demanda interpuesta en el Juzgado Civil y Comercial Nº11 por los propietarios de la franquicia Rock&Feller’s a causa de una supuesta prórroga de contrato de alquiler que culminaría en 2009, Chavarri señaló que “esa extensión fue hecha cuando ya estaba firmada la expropiación; y a esa altura el contrato había vencido”. “Nos sorprende lo de la demanda porque ellos en 2002 firmaron que el vencimiento del contrato era en mayo de 2003 y además porque hasta el momento veníamos en buenas relaciones de diálogo para organizar la desocupación del inmueble”, concluyó el letrado.