Explotar las contradicciones del socialismo por un lado, como ya lo hizo el presidente Néstor Kirchner. Y poner los números –diferentes a las que plantea Miguel Lifschitz– sobre la mesa. Ésa parece ser la estrategia de la provincia para enfrentar la acusación de “saqueo” del gobierno municipal por la forma en que se distribuyen los fondos coparticipables. De todos modos, la administración Obeid salió a aclarar que está dispuesta a discutir nuevas reglas del juego en la materia. Y fue más allá: dijo que si la Intendencia no está hoy en condiciones de afrontar los servicios de salud pública la provincia se puede hacer cargo.

Con el gobernador en Rusia, los que salieron a hablar fueron el diputado Mario Lacava, jefe del bloque oficialista en la Cámara de Diputados provincia y uno de los dirigentes más cercanos a Jorge Obeid, la vicegobernadora María Eugenia Bielsa y el ministro de Hacienda, Walter Agosto.

Lacava, que habló temprano por Radio 2 recordó que el tema que desencadenó la ofensiva municipal –la posibilidad de que la provincia recorte los fondos que envía a los municipios para financiamiento educativo– surge a partir de una ley nacional que así lo dispone –la que fija un piso del 6 por ciento del PBI para el presupuesto para educación– y que fue apoyada, en general y en particular, por el senado Rubén Giustiniani. Casualidad o no, el legislador santafesino apuntó a la misma contradicción que Kirchner cuando ayer recibió a Lifschitz en la Casa Rosada: lo que el jefe del partido realiza en el Congreso no siempre está en sintonía con lo que necesita la ciudad que su agrupación gobierna.

Bielsa –que estuvo en De 12 a 14–, Agosto y Lacava insistieron con el discurso de que el problema de Rosario son sus propias falencias de administración y en ese sentido puso sus números sobre la mesa: que desde que asumió Obeid la transferencia de recursos nacionales a la provincia aumentó un 114 por ciento y la de la provincia a la Nación 176 por ciento. Que Rosario se lleva cerca del 35 por ciento de la coparticipación. Que entre obras finalizadas, ejecutadas y en ejecución la Nación y la provincia invirtieron 1.600 millones de pesos, es decir “tres presupuestos municipales”. Que no se consigue saber a través de Internet –como correspondería– “en qué gasta la Municipalidad la plata”.

Y no sólo sólo eso: Lacava dijo que el hecho de que el municipio de Rosario sea el único de la provincia que sostenga un sistema de salud pública propio fue una decisión que en su momento tomó la propia ciudad y hasta deslizó que si hoy no lo puede financiar se puede conversar “de qué forma transfiere sus servicios”. Más directa, la vicegobernadora Bielsa dijo que el Estado provincial "no tiene problema en hacerse cargo" de todo el sistema de salud si la Municpalidad no puede hacerlo. En ese sentido, recordó que cuando la secretaria de Salud municipal, Mónica Fein, planteó la posibilidad de cogestionar el nuevo Heca el gobernador le dijo que no tenía problemas, pero "las carpetas" que la provincia pidió para reunir la información necesaria "nunca llegaron". Y, sobre la oposición municipal a que se construya un centro de salud en el Batallón 121, agregó: "Resulta paradójico que siempre se quejan de que no invertimos en salud, y cuando planteamos modernizar el Hospital Provincial se oponen".

Bielsa dijo que el informe que utilizó Lifschitz para lanzar su acusación de "saqueo" al municipio, elaborado por la Fundación Apertura, fue elaborado en base a datos erróneos que no provenían al Estado, lo cual –reiteró– es "poco serio y pobre intelectualmente". Y afirmó que el vardero problema es que, a pesar de que "se aumento un 70 por ciento la tasa", el municipio tiene problemas financieros de origen propio. "Si la Municipalidad se quedó sin planta, que lo plantee y vemos cómo podermos ayudarla", chicanéo. 

 “No puede ser que nos acusen de robar Rosario”, dijo por su parte Lacava y sostuvo que la administración Obeid tiene la decisión de apostar al crecimiento de la ciudad con la convicción de que eso favorecerá el desarrollo de toda la provincia. En ese marco, sostuvo que la provincia está dispuesta a “sentarse civilizadamente” para dar una “legítima” discusión sobre si se necesita un “nuevo esquema” de coparticipación.