Por Ricardo Robins y Lisandro Machaín
Agosto se fue y llegó septiembre. Pero el traspaso de calendario no llegó sin conflictos: hubo un duro cruce entre la Municipalidad de Rosario y la provincia de Santa Fe que protagonizaron, justamente, el intendente Miguel Lifschitz y el ministro de Hacienda Walter Agosto.
El funcionario que maneja la caja de la gestión de Jorge Obeid dijo que estaba “cansado” de las quejas por la distribución de recursos. Es que, según Agosto, los diputados socialistas apoyaron la ley de financiamiento educativo pero después la gestión Lifschitz no aceptó lo que eso implica: aportar fondos.
Y la declaración desató la ira del intendente, quien reconoció estar “muy caliente” y aseguró que no sólo la Municipalidad no debía aportar dinero a esa ley, sino que la provincia realiza “un saqueo permanente” contra todos los municipios. La coparticipación, es decir la masa de fondos que la provincia recibe de la Nación para girar a municipios y comunas, es para Lifschitz parte del manejo discrecional de los fondos que hace la provincia. Tanto que, el hecho de que ahora se le vuelva a sacar fondos para la ley de educación, “colmó el vaso”, aseguró el socialista, quien se despachó contra Agosto. “Tecnócrata”, le lanzó.
Pero no fue el hombre-mes quien salió a dar batalla en el ring mediático, sino la vicegobernadora María Eugenia Bielsa. La arquitecta construyó su defensa primero eludiendo los agravios personales y después con un feroz contraataque: “Es de gente honesta plantear cuando se tiene problemas financieros”. La hermana del ex canciller aseguró que la Municipalidad tiene una deuda de 10 millones de pesos con la provincia y propuso que, si la gestión socialista tiene problemas de administración, la provincia podía gestionar la salud.
Ah, en cuanto al tema inicial, la coparticipación, la culpa no era de Agosto, ni de Lifschitz, sino de Internet. Es que la Fundación Apertura, que realizó los estudios que presentó la Municipalidad, se basó en información oficial publicada en Internet. Y para Bielsa, ese método de trabajo “es de poca calidad intelectual” y ella no se lo recomienda a sus alumnos, chicaneó.
Parece que en la web, entonces, estaba el origen de todo los males. Pero, ¿quién cargó esa información maliciosa en la página de la provincia? ¿O es que, como reclaman los técnicos de la Fundación cuestionada, sería importante que de una buena vez todas las administraciones garanticen el acceso libre a la información de manera "irrestricta"?
