Aún con un fallo judicial a favor, la familia de un niño discapacitado todavía no logró, tras un año de gestiones, la cobertura de las prestaciones profesionales que su hijo necesita. El niño padece sordera bilateral profunda y es afiliado al Instituto Autárquico Provincial de Obras Sociales (Iapos).
Iapos se negó sistemáticamente a cubrir todos los costos descriptos, por lo que la familia de Alejo a comienzos de 2007 exigió con el patrocinio de la abogada Marisa Malvestiti un embargo por 14 mil pesos que permitiera recuperar lo invertido por la familia en el tratamiento durante 2006. La idea era cubrir el costo de esas prestaciones durante los primeros meses de este año.
Según explicó Malvestiti a Rosario3.com, “la obra social incumplió la medida cautelar dictada por la Justicia, por lo que en diciembre de 2006 el Juzgado Civil y Comercial, a cargo del fallecido Rodolfo Bruch, ordenó el embargo el 21 de diciembre de 2006”.
“A pesar de que existe un fallo judicial que obliga a pagar el tratamiento –explicó Sebastián, padre de Alejo– el Iapos viene dilatando la cobertura con excusas diversas: se niegan a recibirnos las facturas en mesa de entradas, nos pasan de una oficina a otra y finalmente nos dijeron que no tienen la orden de pago y que por lo tanto no sirve de nada que les dejemos la documentación que ellos mismos nos solicitaron para hacerse cargo de la cobertura, después de la decisión del juzgado de embargar a la obra social por 14 mil pesos”.
Tras el fallo favorable, la familia decidió retirar el pedido de embargo que la Justicia había aprobado en febrero último porque pensó que el Iapos se pondría al día con los pagos pendientes, pero eso nunca ocurrió.
Los padres del niño habían conseguido que el año pasado se le hiciera un implante coclear en uno de los oídos que le permitió empezar a escuchar y, en consecuencia, a hablar. Pero el mantenimiento de la prótesis implica para la familia una serie de gastos adicionales: deben viajar cada tres meses a Buenos Aires para calibrar el aparato en el hospital Garrahan, donde fue colocado y, además, el niño necesita la atención permanente de una fonoaudióloga que lo ayuda en la integración a la escuela común a la que asiste –Normal Nº 3– y la atención de una maestra especial, entre otras ayudas propias del proceso de recuperación del habla.
Iapos se negó sistemáticamente a cubrir todos los costos descriptos, por lo que la familia de Alejo a comienzos de 2007 exigió con el patrocinio de la abogada Marisa Malvestiti un embargo por 14 mil pesos que permitiera recuperar lo invertido por la familia en el tratamiento durante 2006. La idea era cubrir el costo de esas prestaciones durante los primeros meses de este año.
Según explicó Malvestiti a Rosario3.com, “la obra social incumplió la medida cautelar dictada por la Justicia, por lo que en diciembre de 2006 el Juzgado Civil y Comercial, a cargo del fallecido Rodolfo Bruch, ordenó el embargo el 21 de diciembre de 2006”.
“A pesar de que existe un fallo judicial que obliga a pagar el tratamiento –explicó Sebastián, padre de Alejo– el Iapos viene dilatando la cobertura con excusas diversas: se niegan a recibirnos las facturas en mesa de entradas, nos pasan de una oficina a otra y finalmente nos dijeron que no tienen la orden de pago y que por lo tanto no sirve de nada que les dejemos la documentación que ellos mismos nos solicitaron para hacerse cargo de la cobertura, después de la decisión del juzgado de embargar a la obra social por 14 mil pesos”.
Tras el fallo favorable, la familia decidió retirar el pedido de embargo que la Justicia había aprobado en febrero último porque pensó que el Iapos se pondría al día con los pagos pendientes, pero eso nunca ocurrió.
Los padres del niño habían conseguido que el año pasado se le hiciera un implante coclear en uno de los oídos que le permitió empezar a escuchar y, en consecuencia, a hablar. Pero el mantenimiento de la prótesis implica para la familia una serie de gastos adicionales: deben viajar cada tres meses a Buenos Aires para calibrar el aparato en el hospital Garrahan, donde fue colocado y, además, el niño necesita la atención permanente de una fonoaudióloga que lo ayuda en la integración a la escuela común a la que asiste –Normal Nº 3– y la atención de una maestra especial, entre otras ayudas propias del proceso de recuperación del habla.
