Una de cal y una de arena. Mientras este viernes el gobierno provincial inaugurará una nueva alcaidía en Rosario, que viene a descongestionar la saturación de las comisarías, los diputados aprobaron este jueves un pedido de informe para que el Ejecutivo responda cómo fue que durante siete años el Servicio Penitenciario (SP) compró de manera irregular medicamentos adulterados que hacía un laboratorio no autorizado.

El proyecto del legislador socialista Antonio Bonfatti retoma una denuncia que realizó ante la Justicia el propio director del SP, Jorge Bortolozzi. "Una farmacia rosarina no inscripta como proveedor del Estado, vendió medicamentos adulterados de un laboratorio que para la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat) legalmente no existe. Se trata de la farmacia Ercole, la cual funciona en la Terminal de Omnibus de Rosario, y que vendió medicamentos del laboratorio Xenix. Al ser analizados, los mismos resultaron con menor cantidad de la droga requerida: Ibuprofeno, Sulfametoxazol y Dipirona”, señaló entonces Bortolozzí.

Ahora, los diputados quieren saber “los motivos por los que Dirección de Sanidad del Servicio Penitenciario otorgó la licitación de las compras de medicamentos a una farmacia no inscripta como proveedor del Estado y a un laboratorio que no contaba con la habilitación de la Anmat ni, por lo tanto, con la certificación de los productos, siendo que este requisito técnico es indispensable para la habilitación de los mismos”.

Además, piden que se justifique qué controles del Estado provincial habilitaron estas operaciones que se realizan desde el año 2002. También preguntan: “En base a qué criterios se ha definido una partida de 19.500 pesos para la compra de medicamentos y por qué motivo no se han dispuesto compras al Laboratorio Productor de Fármacos Medicinales, siendo que, según los especialistas, estos medicamentos son producidos por el mismo y se consiguen en forma de genéricos autorizados en el mercado (principalmente para uso hospitalario) a precios que son aproximadamente el 15 por ciento del valor del medicamento en farmacia”.

“Lo más grave del caso es que esta empresa venía proveyendo al Estado desde el año 2002, lo cual pone en tela de juicio la responsabilidad en cuanto al cuidado de la salud de la población carcelaria por parte del estado provincial”, apunta en su proyecto Bonfatti, quien luego explica: “Este pedido de informes se vincula a la necesidad de conocer los motivos por los cuales no se han llevado a cabo los controles dispuestos para la habilitación de medicamentos previstas por la Dirección Provincial de Bioquímica, Farmacia y Droguería Central, existiendo los mecanismos para ello, pero además, conocer las causas del por qué, existiendo un Laboratorio productor de fármacos de calidad, las compras no se realizaban a este productor estatal, priorizando al sector privado y la mayor erogación que ello implica para el estado provincial”.